Los trabajadores del Hotel Bauen continúan alertas frente al peligro del desalojo. El pasado mes de diciembre, Mauricio Macri vetó la Ley de Expropiación que, después de numerosas instancias legales, finalmente le habría otorgado el edificio a la cooperativa que lo administra desde el 2003. Ahora, la Justicia reactivó el proceso de desalojo y fijó el 19 de abril como fecha límite para vaciar el inmueble. La historia de una lucha por mantener las fuentes de empleo que ya lleva 14 años, en la siguiente nota. (Foto: lavaca.org)
En Callao al 300, casi esquina Corrientes, un hotel de veinte pisos se alza en las calles porteñas, símbolo de la autogestión y del trabajo sin patrones. El hotel Bauen se constituyó como cooperativa en 2003, luego de que los dueños del edificio se declararan en quiebra y lo abandonaran, dejando a 70 familias desempleadas. En medio de la profunda crisis económica, algunos regresaron. La decisión puso al hotel nuevamente en movimiento y logró generar, hasta el día de hoy, más de 130 puestos de trabajo. También fue el comienzo de un largo conflicto jurídico: desde el 2005, los dueños, que violaron acuerdos judiciales, reclaman la expulsión de los trabajadores.
El hotel Bauen se constituyó como cooperativa en 2003, luego de que los dueños del edificio se declararan en quiebra y lo abandonaran, dejando a 70 familias desempleadas. En medio de la profunda crisis económica, algunos regresaron. La decisión puso al hotel nuevamente en movimiento y logró generar, hasta el día de hoy, más de 130 puestos de trabajo.
Meses atrás, el litigio estuvo finalmente a punto de resolverse, después de numerosas instancias legales. El 30 de noviembre de 2016, a minutos del cierre de las sesiones ordinarias del Congreso, los senadores convirtieron en ley el proyecto de expropiación del hotel y su entrega en comodato a la cooperativa de trabajadores que lo sostiene desde hace catorce años. Se le otorgó así legalidad plena sobre la propiedad del edificio, declarando su utilidad pública, a condición de la ampliación de actividades culturales, sociales, artísticas y educativas que el Bauen ya viene impulsando desde que fue recuperado. Con 39 votos a favor y 17 en contra, la amenaza de desalojo parecía llegar a su fin.
Foto: Lina Etchesuri para lavaca.org
Pero los festejos duraron poco. El 27 de diciembre se hizo oficial el veto presidencial de Mauricio Macri a la ley de expropiación. El texto reprodujo alguno de los argumentos que se escucharon en el Congreso, como los de Federico Pinedo (PRO), que afirmó que sería “dar una fortuna de plata a unos pocos señores”. De acuerdo al decreto 1302/16, el proceso expropiatorio “favorece exclusivamente a un grupo particularizado, sin traducirse en un beneficio para la comunidad en general”. Considera también que la indemnización que el Estado debe pagar a los propietarios originales “implicaría un severo perjuicio en la posibilidad de asignar por parte del Poder Ejecutivo nacional los recursos económicos disponibles a otras necesidades básicas insatisfechas para el conjunto de la población”.
La ley vetada determina que el valor de la indemnización debe ser fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en base al estado del edificio en marzo de 2003, momento en el que se formó la cooperativa y en el que el hotel se encontraba casi en demolición. Además, la norma establece que, a esta cifra, hay que restarle las deudas hipotecarias que los propietarios tienen con el Estado.
Sin embargo, lo que el mismo decreto reconoce es que el monto de la indemnización que se considera “sumamente gravoso” aún no ha sido establecido. La ley vetada determina que ese valor debe ser fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en base al estado del edificio en marzo de 2003, momento en el que se formó la cooperativa y en el que el hotel se encontraba casi en demolición. Además, la norma establece que, a esta cifra, hay que restarle las deudas hipotecarias que los propietarios tienen con el Estado, con lo cual la indemnización será cancelada “total o parcialmente”. Según Federico Tornarelli, presidente de la cooperativa del Bauen, el valor resultante de la expropiación “dista muchísimo de ser 30 millones de dólares”, monto por el cual la ley fue vetada.
Pero además, lo que no enfatiza los suficiente es que la normativa no es para «unos pocos señores». Tal y como los trabajadores del Bauen sostienen, el hotel pertenece al Estado y lo que la cooperativa pide es que se le otorgue su gestión. Tampoco parece importar que la expropiación no favorece a un grupo, sino que significa la continuidad de actividades sociales y culturales que brindan servicios a la comunidad, como el alojamiento gratuito a personas que reciben tratamientos médicos en Capital, o los convenios con múltiples organismos educativos, sindicales, artísticos, entre muchos otros.
Lina Etchesuri para lavaca.org
Los orígenes
El hotel fue fundado por Marcelo Iurcovich, accionista principal del Grupo Bauen, entre 1977 y 1978. Las afinidades del empresario con la dictadura cívico-militar le habían permitido conseguir créditos del entonces Banco Nacional de Desarrollo, para emprender una construcción que ampliara la infraestructura de cara a la Copa Mundial de Fútbol. Luego de una época de esplendor, la apertura económica de la década del ’90 y la llegada al país de cadenas internacionales de hotelería, llevaron al Bauen a la decadencia. Mientras tanto, Iurcovich diversificó su participación en otras empresas, pero nunca saldó su deuda con el Estado.
En marzo de 2002, 30 de los 70 trabajadores que habían quedado desempleados decidieron regresar, volver a poner en marcha el lugar por sus propios medios. En ese momento, Iurcovich les dijo que se quedaran, para evitar gastos en seguridad.
En 1997, el hotel fue vendido parcialmente al grupo chileno Solari, que debía encargarse de pagar las obligaciones. Pero, con la recesión, los precios de las habitaciones cayeron y la firma finalmente quebró, cerrando las puertas del hotel en diciembre de 2001. Sólo había llegado a saldar 4 de los 12 millones que le debía al Estado. En marzo de 2002, 30 de los 70 trabajadores que habían quedado desempleados decidieron regresar, volver a poner en marcha el lugar por sus propios medios. En ese momento, Iurcovich les dijo que se quedaran, para evitar gastos en seguridad.
Con la ayuda de la Federación de Empresas Recuperadas de Argentina, los trabajadores formaron una cooperativa en 2003, reacondicionaron las instalaciones del Bauen y lo volvieron a explotar comercialmente. Poco después, los Iurcovich anunciaron la venta del hotel a Mercoteles S.A, una empresa que ellos mismos crearon, intentando un cambio de personería jurídica para volver a obtener el poder total sobre el Bauen, a pesar de los acuerdos jurídicos violados tras la quiebra que lo impedirían. En 2005, la Legislatura porteña, con el macrismo a la cabeza, aprobó una ley a favor de los empresarios que perdonó la deuda pero desconocía la cooperativa.
Poco después, los Iurcovich anunciaron la venta del hotel a Mercoteles S.A, una empresa que ellos mismos crearon, intentando un cambio de personería jurídica para volver a obtener el poder total sobre el Bauen, a pesar de los acuerdos jurídicos violados tras la quiebra que lo impedirían.
Desde entonces, los trabajadores fueron denunciados por usurpación y, aunque apelaron a todas las instancias legales posibles, la Justicia falló en todo momento a favor de los Iurcovich. Ante la inminencia de la orden desalojo, la única salida posible parecía ser la ley de expropiación, para obtener la plena legalidad sobre el edifico que sacaron a flote con su esfuerzo y en el que invirtieron alrededor de 20 millones de pesos. Ahora, después del veto presidencial, el proyecto regresa a los diputados y debe obtener una mayoría especial de dos tercios de ambas cámaras para lograr su sanción. Mientras tanto, la Justicia reactivó el proceso de desalojo y fijó el 19 de abril como fecha límite para vaciar el edificio.
El veto a la expropiación del Bauen y el desprecio de la cooperativa representó un duro golpe a los trabajadores que vienen luchando desde hace 14 años para sostener un edificio que fue vaciado y abandonado por sus dueños, dejando a decenas de familias en la calle y una deuda millonaria con el Estado. Como símbolo de la autogestión a nivel nacional, significó también un revés para todas las empresas recuperadas, en un contexto de ajuste en el que los trabajadores parecen ser descartables y los empresarios los únicos beneficiados.
