En el medio de un contexto de fuerte ajuste económico, Franco Macri, padre del actual presidente de la Nación, acordó el pago de la deuda generada por la empresa Correo Argentino por un precio excesivamente bajo. Ignorando la inflación generada desde el año 2001, pretende devolver al Estado 296 millones de pesos a su valor nominal en cuotas hasta 2033. La fiscal del caso asegura que la diferencia es de 70.000 millones de pesos y, en el día de ayer, Mauricio Macri fue imputado por posibles conductas delictivas en este acuerdo.
«No te olvides que Mauricio es Macri». La frase de Nestor Kirchner se convirtió en símbolo de la campaña contra el actual presidente de la Nación durante su primera candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007. La misma frase resonó en los oídos del inconsciente colectivo al conocerse la decisión de perdonar la deuda millonaria del padre del actual presidente de la Nación con el Estado Argentino, tras haber llevado a la quiebra al Correo Argentino a finales de los años ’90.
En el año 1997, Carlos Menem privatizó el Correo Argentino y lo adjudicó al grupo SOCMA, encabezado por el empresario Franco Macri. La empresa decidió dejar de pagar el canon correspondiente argumentando que no les permitían aumentar las tarifas, y comenzó a acumular una importante deuda con el Estado. En el año 2001, el Correo Argentino entró en concurso preventivo con una deuda de 296 millones de pesos, que aún eran 296 millones de dólares debido al régimen de la convertibilidad.
En el año 2001, el Correo Argentino entró en concurso preventivo con una deuda de 296 millones de pesos, que aún eran 296 millones de dólares debido al régimen de la convertibilidad.
Luego de la estatización del Correo Argentino en 2003, el gobierno kirchnerista no impulsó el cobro de la deuda y, en 2016, se realizó una propuesta de pagos al gobierno de Mauricio Macri: se pagarían en 15 cuotas los 296 millones de pesos entre finales del 2017 y el 2033. Aunque esta decisión aún debe ser homologada por la Justicia Comercial, la fiscal Gabriela Boquin calificó a la medida de «abusiva» y afirmó que «su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional».
Aunque esta decisión aún debe ser homologada por la Justicia Comercial, la fiscal Gabriela Boquin calificó a la medida de «abusiva» y afirmó que «su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional».
Según los cálculos de la Procuración, la deuda total sería al día de hoy de 4,7 mil millones de pesos, considerando la inflación desde el año 2001. Extendiendo el cálculo hasta el 2033, el total sería de 70 mil millones de pesos, un número que se aleja bastante de los 296 millones que pretende pagar la familia Macri. Teniendo estos montos en cuenta, la quita de deuda que aprobó el gobierno nacional corresponde 98,82%.
El impacto de esta noticia no se hizo esperar. En un contexto de ajuste y aumento de tarifas, donde toda fuente de ingresos parece clave para el gobierno, ignorar la posibilidad de cobrar una deuda justa no parece encajar de ninguna forma, sin mencionar el hecho de que se trata de la empresa de la familia del presidente. Según la encuestadora Analogías, un 62% de los encuestados consideran este acuerdo como un «acto de corrupción».
Durante el día de ayer, se anunció que tanto Mauricio Macri como Oscar Aguada, actual Ministro de Comunicaciones, y Juan Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, fueron imputados penalmente para analizar si en el acuerdo se incurrió o no en conductas delictivas. El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, encabezó ayer una conferencia de prensa junto con Aguad para plantear la postura del gobierno sobre el acuerdo y mencionó que «no hay conflicto de intereses» y que el presidente «jamás se interesó por este tema».
Durante el día de ayer, se anunció que tanto Mauricio Macri como Oscar Aguada, actual Ministro de Comunicaciones, y Juan Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, fueron imputados penalmente para analizar si en el acuerdo se incurrió o no en conductas delictivas.
En la conferencia de prensa también se mencionó que este no sería un problema político, sino únicamente un problema técnico. Difícilmente sea posible que el perdón de una deuda contraída con el Estado por la familia del presidente pueda esquivar la cuestión política. A pesar de que la última decisión judicial está pendiente, los ciudadanos afectados por los constantes aumentos y conscientes del crecimiento paralelo de la deuda externa nacional, pondrán en duda cualquier posible injusticia del poder.
