El sistema jurídico de protección de los Derechos Humanos, tanto local como internacional, enfrenta un grave retroceso. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que sus sentencias no pueden ser revisadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo autorizado desde la adopción de los pactos internacionales de Derechos Humanos y su inclusión en la Constitución de 1994. Abogados, juristas y miembros de organismos de DDHH repudiaron el fallo. ¿Qué implicancia puede tener en futuros reclamos?
Sumada a las avanzadas del propio gobierno nacional contra los Derechos Humanos, La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dispuso que los fallos de la Corte Interamericana (Corte IDH) dejan de ser vinculantes. Esto es, que las sentencias del máximo tribunal no pueden ser revocadas por el tribunal internacional, es decir, que la protección de los Derechos Humanos que ofrece el marco jurídico internacional dejaría de estar vigente en Argentina.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que los fallos de la Corte IDH dejan de ser vinculantes. Esto es, que las sentencias del máximo tribunal no pueden ser revocadas por el tribunal internacional.
Esta medida fue resuelta por la mayoría de los jueces de la Corte ante un fallo que responde a la libertad de expresión. Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti votaron a favor de auto adjudicarse el poder supremo dentro del territorio argentino, mientras que el juez Juan Carlos Maqueda votó en disidencia a sus pares y mantuvo la postura fijada en otros votos anteriores.
¿Por qué se trata de un hecho grave?
En una de las primeras medidas del macrismo -que se vanagloriaba con defender los valores de la república, sus tres poderes y la democracia- asignó por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Sus dos designados, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, generaron su primer impacto con este fuerte cambio de jurisprudencia en relación al sistema interamericano de Derechos Humanos, logrando retroceder el marco judicial argentino más de veinte años.
“Sabíamos que la incorporación de los nuevos jueces sería regresiva en materia de aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. La verdad, no esperábamos que fuera para tanto, al punto de cuestionar la obligatoriedad de fallos de la Corte Interamericana”, sostuvo la directora general de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal (MPF), Andrea Pochak.
Los dos jueces designados por el macrismo generaron su primer impacto con este fuerte cambio de jurisprudencia en relación al sistema interamericano de derechos humanos, logrando retroceder el marco judicial argentino más de veinte años.
Con esta medida, la Corte Suprema debilita la protección interamericana para los Derechos Humanos, dejando “a las víctimas de violaciones de los derechos humanos desprotegidas ante poderes judiciales que han sido y son incapaces de dar respuestas”, tal como manifestaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La CSJN se ubica, así, como el único poder del Estado al que no se le pueden revisar sus decisiones, dado que la obligación o no de los fallos de la Corte IDH quedaría a discreción de la propia Corte Suprema en cada caso. “En un contexto mundial en el que se necesita fortalecer las instancias de protección de derechos, la Corte decidió lo contrario”, sentenció el CELS.
Foto:Prensa CIJ
No hay inocencia
La posición fijada por la CSJN podría tener implicancia en futuros reclamos. En el marco de la inminente llegada del caso de Milagro Sala a la Corte Interamericana, poco inocente parecería ser esta jugada desde el gobierno nacional y sus relaciones con el poder jurídico. No obstante, el peligro también alcanza a otros reclamos de violaciones de Derechos Humanos que no obtengan respuestas de ningún poder del Estado.
En el marco de la inminente llegada del caso de Milagro Sala a la Corte Interamericana, poco inocente parecería ser esta jugada desde el gobierno nacional y sus relaciones con el poder jurídico. No obstante, el peligro también alcanza a otros reclamos de violaciones de Derechos Humanos que no obtengan respuestas de ningún poder del Estado.
En materia de juzgamiento contra las violaciones de Derechos Humanos, la justicia argentina, desde la recuperación de la democracia, es modelo en todo el mundo. Pero este fallo parecería abrir un terreno para que las violaciones de los DDHH por parte del Estado -sea al no garantizar o no proteger- sean moneda corriente, mientras que el poder judicial desprotege a las víctimas que el propio gobierno nacional expulsa.
