Mauricio Macri firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 que modifica la Ley Nacional de Migraciones, vigente desde el año 2003. Luego de una construcción mediática y política que vincula la migración a la delincuencia a partir de datos descontextualizados y estigmatizantes, el decreto, que una vez más demuestra la falta de voluntad para el diálogo, endurece las condiciones migratorias, restringe el acceso y facilita la expulsión de los extranjeros. (Foto: Adrián Escandar)
Luego de la consolidación de un discurso estigmatizante en el que la migración fue colocada como una de las principales causantes del delito, particularmente del narcotráfico, el gobierno de Mauricio Macri configuró la idea de una “situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes”. De este modo, se justificó la aplicación de un DNU que se desentiende de los mecanismos institucionales y democráticos y que modifica una norma que había sido votada luego de un amplio debate iniciado en el año 1999. La Ley de Migraciones, alcanzada por consenso de varios actores legislativos y académicos y sancionada en el año 2003, fue considerada como un paradigma de avanzada en materia de Derechos Humanos.
Luego de la consolidación de un discurso estigmatizante en el que la migración fue colocada como una de las principales causantes del delito, particularmente del narcotráfico, el gobierno de Mauricio Macri configuró la idea de una “situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes”
Con el decreto, la migración deja de ser concebida como un derecho humano para pasar a considerarse una amenaza para la seguridad nacional. Tal y como adelantó en sus declaraciones la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Boletín Oficial justifica la celeridad de la medida ante hechos de “criminalidad organizada de público y notorio conocimiento” y al crecimiento de la “narcocriminalidad”, es decir aquellos delitos graves con penas mayores a tres años de prisión. Pero esto en realidad ya estaba contemplado en la ley anterior, al igual que la verificación de antecedentes penales. Sin embargo, el discurso político y mediático instaló en el imaginario la idea de una falta total de controles que debían reglarse cuanto antes como parte de la tan mencionada “guerra contra el narcotráfico”.
Lo que el DNU modifica es el endurecimiento de las medidas para cancelar la residencia, denegarla y expulsar del país a cualquier persona extranjera que haya sido condenada o tenga procesamiento firme por cualquier delito de carácter menor que conlleve penas reducidas, incluso antes de que la Justicia determine la culpabilidad. Es decir que hasta un delito culposo como un accidente de tránsito podría ver afectada la residencia. Además, el decreto habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas y acelera los trámites de expulsión, recortando la asistencia jurídica al migrante y otorgando sólo 3 días para presentar un recurso en lugar de los 30 que regían con la ley anterior.
El decreto habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas y acelera los trámites de expulsión, recortando la asistencia jurídica al migrante y otorgando sólo 3 días para presentar un recurso en lugar de los 30 que regían con la ley anterior.
La reforma afecta a toda la población extranjera, pero principalmente a aquella que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierte la fragilidad a la que los migrantes de bajos recursos están expuestos: “trabajos precarios, hostigamiento de las fuerzas de seguridad, menor inserción escolar y acceso al sistema de salud ante la constante amenaza de ser capturado por el sistema de justicia criminal». El decreto alcanza incluso el código contravencional, abarcando por ejemplo situaciones de venta en la vía púbica o hasta el corte de una calle. De esta forma, la modificación no intenta caer sobre los crímenes graves, sino ampliar las posibilidades de expulsión.
La relación entre migración y delito a partir de la cual se decretó la necesidad de pasar por alto al Congreso está basada en datos sesgados que descontextualizan las estadísticas. Si bien Patricia Bullrich mencionó que el 33% de los migrantes detenidos tienen condenas por delitos vinculados con drogas, esta cifra pertenece sólo al Servicio Penitenciario Federal. Según el CELS, los datos del Ministerio de Justicia sobre la población carcelaria total demuestran que, de los detenidos por drogas, sólo el 17% son extranjeros, es decir un total de 1426 personas, lo que representa, aproximadamente, el 0,06% del total de migrantes en el país. Además, sólo el 6% del total de extranjeros se encuentran detenidos en cárceles federales y provinciales.
Según el CELS, los datos del Ministerio de Justicia sobre la población carcelaria total demuestran que, de los detenidos por drogas, sólo el 17% son extranjeros, es decir un total de 1426 personas, lo que representa, aproximadamente, el 0,06% del total de migrantes en el país.
Las estadísticas parecen estar lejos de las declaraciones de varios funcionarios que fueron centrales a la hora de definir la migración como una situación de supuesta emergencia, como fue el caso del ministro del Interior, Rogelio Frigerio que afirmó que «el crimen elije a la Argentina como un país para delinquir». Por el contrario, el decreto, que restringe los derechos humanos de los migrantes sin que haya mediado ninguna clase de control parlamentario, logró revestir con un marco legar el prejuicio y la xenofobia que afecta, como siempre, a los más pobres.
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