La semana pasada, una mujer que había planificado un parto domiciliario requirió ser trasladada a la guardia del Hospital Álvarez de la Ciudad de Buenos Aires. Violando el derecho a la intimidad de la familia, uno de los obstetras presentes realizó una publicación en Facebook en la que tergiversó los hechos de traslado y difundió datos falsos de la madre y el bebé. La violencia de los comentarios que resultaron en el escarnio público demostró, una vez más, que la violencia aflora cuando las mujeres toman decisiones por fuera del sistema médico hegemónico. (Foto: Natacha Pisarenko para AP/ Protesta a favor del parto domiciliario, Argentina, 2015)
En nuestro país el parto domiciliario es legal, al igual que la asistencia de los parteros. Sin embargo, las mujeres que eligen esta alternativa son muchas veces estigmatizadas, al igual que los profesionales autónomos que intervienen. Eso es lo que sucedió el 1 de febrero cuando el partero Francisco Saraceno realizó el traslado de una embarazada al Hospital Álvarez. Un obstetra de la guardia lo acusó falsamente por Facebook de haber abandonado a la mujer, desplegando una serie de prejuicios contra el parto domiciliario y contra todas aquellas que optan por una alternativa fuera de las instituciones.
El ensañamiento de los comentarios parte de un profundo desconocimiento sobre la práctica del parto domiciliario y vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, amparados en la Ley de 25.929 de Parto Humanizado.
La violencia de los comentarios que la publicación desató en la red social reprodujo la condena de un sistema machista y disciplinante que pesa sobre toda decisión tomada fuera de los cánones tradicionales. “Hablan de parir como si fueran perras”. “Hay mujeres que avergüenzan nuestro género”. “Si decidiste parir, báncatela”. “Las que tienen medios y eligen el parto domiciliario son unas hijas de puta que no merecen ser madres”, sentenció también una médica del Álvarez. Así, el ensañamiento de estas opiniones parte de un profundo desconocimiento sobre la práctica del parto domiciliario y vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, amparados en la Ley de 25.929 de Parto Humanizado.
De acuerdo a un informe realizado por la Asociación Argentina de Parteras Independientes (AAPI), entre 2011 y 2015, un 91,8% de los 1127 casos de parto domiciliario que fueron relevados finalizó de forma normal. El estudio afirma además que no hubo mortalidad intraparto, mientras que la mortalidad neonatal fue de 0,18%. Según los datos de la AAPI, uno de los mayores riesgos es la falta de articulación entre los equipos de asistencia domiciliaria y el personal de las instituciones que, en muchas ocasiones, condenan los traslados y dificultan la atención sanitaria fluida, sobre la base de prejuicios y descalificaciones.
Las estadísticas del informe demuestran que, en la mayoría de los casos, los traslados se realizaron de forma planificada, en condiciones de salud y no ante complicaciones de riesgo o por negligencia del equipo que asiste el parto, como se suele creer.
En la misma línea, un relevamiento realizado entre 2012 y 2016 por Fortaleza 85, un grupo de activistas, profesionales de obstetricia y de epidemiología, sólo el 12% de 1501 partos planificados en una casa requirieron del traslado a una institución. Las causas más comunes antes del nacimiento fueron el cansancio materno, la falta de progreso y la propia elección de los padres. Sólo un 8,2% de esos casos reportaron situaciones de emergencia, lo que representa un 0,80% del total. Las estadísticas del informe demuestran que, en la mayoría de los casos, los traslados se realizaron de forma planificada, en condiciones de salud y no ante complicaciones de riesgo o por negligencia del equipo que asiste el parto, como se suele creer.
Foto: Nicolás Stulberg para Infobae. Marcha en defensa del parto domiciliario, Argentina, 2015.
La difamación a la que dio lugar la publicación en Facebook vulnera el derecho de todas las mujeres a elegir cómo, dónde y con quien parir, a ser «tratadas con respeto a sus convicciones personales y morales», tal como especifica la ley de Parto Humanizado. Es una manifestación de violencia obstétrica, profundamente arraigada en la institución médica hegemónica que no concibe a la mujer como protagonista activo del proceso de parto.
No se trata de plantear una dicotomía irreconciliable entre el parto domiciliario y el parto insitucional, sino de desterrar los mitos y prejuicios para poder plantear un sistema integral con una articulación fluida entre los dos ámbitos, que cree un espacio respetuoso de los derechos. Pero también de no permitir los insultos, la violencia que parece resurgir cada vez que una mujer se atreve a elegir por fuera del sistema.
