El martes 10 de enero doscientos efectivos de Gendarmería Nacional bloquearon los accesos a las tierras recuperadas de la comunidad mapuche Pu Lof en Cushamen, Chubut, reprimiendo violentamente a sus integrantes. Luego de que un recurso de amparo frenara el desalojo, durante la noche del miércoles 11, efectivos policiales volvieron a ingresar disparando a quemarropa con balas de plomo y dejando varios heridos graves. Las tierras ancestrales pertenecientes a la comunidad mapuche, apropiadas por la transnacional de indumentaria Benetton habían sido recuperadas en marzo de 2015. Desde entonces, sus integrantes sufren una persecución política encarnizada que criminaliza el reclamo de sus derechos constitucionales.
“Entraron a los tiros, golpearon a los hombres, esposaron a las mujeres, rompieron todo”, denunció Soraya Micoñia a Página/12. La brutal represión a una comunidad mapuche de diez adultos y cinco chicos del martes 10 de enero terminó con un herido y tres detenidos, cuyo paradero fue desconocido durante horas. Una semana antes, el jefe de Gendarmería había preguntado al hospital de El Maitén si sus instalaciones estaban en condiciones de recibir personas con lesiones de gravedad. No hizo más que adelantar el feroz operativo sobre las tierras recuperadas de Vuelta del Río en el que se empleó hasta un avión hidrante. La historia no terminó ahí: el miércoles 11 a la noche, los agentes regresaron y atacaron con un un nivel de violencia inusitado, dejando tres heridos de bala.
La brutal represión a una comunidad mapuche de diez adultos y cinco chicos del martes 10 de enero terminó con un herido y tres detenidos, cuyo paradero fue desconocido durante horas. Una semana antes, el jefe de Gendarmería había preguntado al hospital de El Maitén si sus instalaciones estaban en condiciones de recibir personas con lesiones de gravedad.
Según el Juzgado Federal, y al contrario de lo que sucedió en realidad, el operativo que se inició el martes 10 no tenía como fin el desalojo sino liberar un tramo de las vías del tren turístico La Trochita para que este pudiera llegar hasta los talleres y arreglar la locomotora. Sin embargo, eso ya había sido acordado con la comunidad mapuche semanas atrás, en dos instancias de diálogo junto con los funcionarios de la provincia y los empresarios que manejan el tren. De acuerdo a Isabella Huala, integrante del pueblo, las vías ocupadas no eran utilizadas hacía diez años y son también obstaculizadas por tranqueras de metal pertenecientes a la transnacional Benetton, a quien, a diferencia de la comunidad, no se le hizo reclamo alguno.
El operativo no fue un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de violentos ataques que se suceden desde que la comunidad mapuche inició, en marzo de 2015, la recuperación del territorio de Vuelta del Río, una de las estancias apropiadas por la multinacional textil italiana Benetton. A pesar del diálogo que los voceros buscaron entablar desde el primer momento con los gobiernos provincial y nacional, gendarmería y el grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) ya han intentado desalojarlos en numerosas ocasiones. En todos los casos de forma ilegal, sin una orden judicial y mediante represiones brutales que incluyeron balas de plomo, de goma, gases lacrimógenos, golpizas y traslados en autos sin identificación.
El operativo no fue un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de violentos ataques que se suceden desde que la comunidad mapuche inició, en marzo de 2015, la recuperación del territorio de Vuelta del Río, una de las estancias apropiadas por la multinacional textil italiana Benetton.
La criminalización de la comunidad mapuche condujo a una persecución política que incluso intentó ser justificada mediante la aplicación de la Ley Antiterrorista en 2015. Así, la justicia de la provincia clasificó como delito federal el legítimo reclamo del pueblo por tierras que, en realidad, le pertenecen por derecho constitucional. En esa misma línea, las cinco personas que representaron públicamente a la comunidad durante la recuperación fueron imputadas. Tenían pedidos de captura internacional sólo por no haberse presentado ante sede judicial cuando nunca les había llegado la correspondiente notificación. A esto se suma la denuncia de procedimientos ilegales de espionaje que buscaban información sobre periodistas, militantes y activistas ambientales.
Si bien los argumentos presentados para ejercer la Ley Antiterrorista fueron rechazados por el Juzgado Federal y por la Suprema Corte de Justicia, la estigmatización del pueblo continúa. De acuerdo a Página/12, en un informe de gestión del actual ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich considera a la comunidad como una «amenaza» y encomienda a la Policía de Seguridad Aeroportuaria «tareas de investigación». A esto se le suma una campaña mediática en la que los mapuches son constantemente calificados de «ursurpadores» violentos, sin derechos sobre sus propias tierras.
Cartuchos de bala y gases utilizados en uno de los operativos.
El trasfondo de la represión y de los artificios legales esconde el guiño a los grandes empresarios. Las tierras recuperadas por el pueblo mapuche forman parte del millón y medio de hectáreas que el empresario Luciano Benetton se apropió como parte de una transacción comercial, luego de un desplazamiento histórico de las comunidades mapuches a zonas áridas. La mala condición de los suelos que se vieron obligados a habitar luego de un exilio forzado dificulta las actividades agrícolas y ganaderas y los condena a la pobreza extrema. Algunos, migran a las ciudades, sólo para vivir en barrios periféricos como mano de obra precarizada.
El trasfondo de la represión y de los artificios legales esconde el guiño a los grandes empresarios. Las tierras recuperadas por el pueblo mapuche forman parte del millón y medio de hectáreas que el empresario Luciano Benetton se apropió como parte de una transacción comercial, luego de un desplazamiento histórico de las comunidades mapuches a zonas áridas.
En 1991, Benetton compró el paquete accionario de Compañías Tierras del Sud Argentino, fundada originalmente en Londres en 1889 y dueña de 10 estancias de casi 90 mil hectáreas cada una luego de haber financiado la Campaña del Desierto. Como si fuera poco, a mediados de los ’90, la empresa de Benetton incorporó a su estatuto la explotación minera como uno de sus objetivos. El reclamo mapuche tiene también otro sustento legal. En 1994, la reforma de la Constitución incorporó el artículo 75, inciso 17 que, junto con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la ONU reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y sus derechos a la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocuparon.
Pero el reconocimiento cultural parece estar escindido de su reclamo territorial. La comunidad mapuche, recluida en territorios que la sumen en la pobreza, es deslegitimado desde hace años, mientras toda posibilidad de diálogo es reemplazada por formas de violencia física y simbólica. A fuerza de golpes y balas, los mapuches son tildados de «terroristas» que atentan contra la «paz social», perpetuándose su disciplinamiento y sumisión ante las grandes empresas extranjeras, a las que se les hace cada vez más fácil tomar los recursos naturales.
