Los juicios de lesa humanidad mantienen una vigencia indiscutible desde su reapertura en el proceso judicial en el 2006. Durante todo este año continuarán en distintas provincias de la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, sumado a los juicios que se iniciarán en el 2017. Si bien el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia sigue presente en las investigaciones judiciales, los frenos y demoras hacia el juzgamiento a la complicidad civil se hacen cada vez más evidentes.
24 procesos judiciales pondrán en foco los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar a lo largo de todo el país. Dentro de estos: tres causas esperan los fundamentos de las condenas y veredictos conocidos a fines del 2016, 14 juzgamientos en curso reanudarán sus audiencias, y son siete los nuevos juicios que investigarán crímenes de lesa humanidad.
24 procesos judiciales pondrán en foco los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar a lo largo de todo el país.
Los juicios actualmente en curso involucran a 263 acusados y los que comenzarán en este año suman un total de 60 nuevos acusados. Estos procesos se llevan adelante en distintos puntos del país: tienen lugar en las provincias de Buenos Aires, Salta, Entre Ríos, Córdoba, Jujuy, San Juan, Mendoza, Chaco, Santa Fe, Tucumán, La Pampa y Formosa.
Los beneficios a los poderes concentrados: la causa Ford
Uno de los juicios programados para comenzar en el 2017 era la causa que involucra a la empresa Ford pero a comienzos de este año, desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°1 de San Martín, suspendieron el juicio previsto para marzo por los crímenes cometidos contra los trabajadores de la empresa y no fijaron una nueva fecha. Los acusados en este proceso son dos ex gerentes de la firma automotriz y a un ex jefe militar por el secuestro y las torturas a 24 trabajadores.
Uno de los juicios programados para comenzar en el 2017 era la causa que involucra a la empresa Ford pero a comienzos de este año suspendieron el juicio previsto para marzo por los crímenes cometidos contra los trabajadores de la empresa y no fijaron una nueva fecha.
Este es uno de los casos más ejemplares sobre la participación civil y empresarial en crímenes de lesa humanidad. Ford tiene como característica el funcionamiento de un centro clandestino de detención dentro de la fábrica ubicada en General Pacheco, provincia de Buenos Aires, precisamente en el quincho que fue lugar de reunión y esparcimiento de los trabajadores. Un centro clandestino que funcionó al servicio de la dictadura cívico-militar que ejercía el poder.
Los organismos de Derechos Humanos y los sobrevivientes de este lugar de detención exigen el pronto inicio del juicio, debido a la edad de los acusados (85, 90 y 94) para evitar que mueran impunes tras haber sido responsables del genocidio. A pesar de esto, y luego de 40 años de la dictadura, la mayoría de los empresarios y cómplices civiles del golpe militar siguen sin ser sometidos a juicio.
Este es uno de los casos más ejemplares sobre la participación civil y empresarial en crímenes de lesa humanidad. Ford tiene como característica el funcionamiento de un centro clandestino de detención dentro de la fábrica ubicada en General Pacheco.
Avances y retrocesos, dos caras de un mismo proceso
En estos procesos judiciales se pueden vislumbrar dos cuestiones importantes. La primera, la vigencia de un proceso consolidado en todo el territorio nacional que permite alumbrar un poco de justicia luego de años de impunidad, sumado a un proceso único en el mundo en el que el mismo Estado se juzga así mismo, como no sucedió con otros genocidios. La segunda, las victorias que siguen teniendo los cómplices civiles de la dictadura, como la empresa Ford, al lograr dilatar su juzgamiento como responsables de una dictadura que implantó un modelo económico que sólo beneficiaba a los poderes más concentrados, es decir, a ellos mismos.
Estas cuestiones no dejan más opción que seguir apoyando los procesos judiciales que investigan al terrorismo de Estado, exigir su mantenimiento, reclamar por su agilidad, participar activamente de los juicios que son orales y públicos y, fundamentalmente, denunciar con contundencia los favores que siguen obteniendo los cómplices civiles al no ser juzgados. Más ahora que muchos grupos económicos, beneficiados durante la dictadura, están actualmente en el poder.
