El programa “Las víctimas contra las violencias”, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lanzó los resultados del informe “Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes”. Los datos, obtenidos gracias al relevamiento de psicólogas y trabajadoras sociales entre 2011 y 2016, fueron sistematizados con el apoyo de Unicef. De este modo, el informe aporta a la visibilización de abusos muchas veces silenciados por la complicidad estatal, enmarcados necesariamente en un contexto en el que la violencia de género aflora en las prácticas institucionales de una sociedad machista que desprotege a los más chicos. (Foto: Gustavo Yuste)
“Las víctimas contra las violencias” es un programa creado en el año 2006 por la psicóloga y asistente social Eva Giberti, con el que se responde a los delitos contra la integridad sexual en la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, el Equipo Móvil de Atención ha asistido casi 10 mil casos, de las cuales un 52% son niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a los datos relevados, 9 de cada 10 víctimas de abuso infantil son de género femenino y 9 de cada 10 agresores son hombres adultos. Además, el 54% de los chicos y chicas de 0 a 10 años son agredidos por familiares, mientras que los niños de entre 11 y 18 años suelen ser victimizados, en un 42% de los casos, por un desconocido.
Pero a esto se suma algo que no está expresado en los números: la complicidad del Poder Judicial, que revictimiza a los niños y hasta condena a las madres que los protegen, acusándolas de falso testimonio. En muchas ocasiones, los jueces deciden incluso levantar causas penales en su contra y abogar por la revinculación de los chicos con el acusado.
El informe también expresa que “la mayoría de los casos de abuso sexual contra los menores de 18 años no son denunciados”, en especial cuando la convivencia con el agresor supone un obstáculo fundamental. Pero a esto se suma algo que no está expresado en los números: la complicidad del Poder Judicial, que revictimiza a los niños y hasta condena a las madres que los protegen, acusándolas de falso testimonio. En muchas ocasiones, los jueces deciden incluso levantar causas penales en su contra y abogar por la revinculación de los chicos con el acusado. De este modo, se termina priorizando un vínculo biológico que tiene al padre como centro y núcleo de la familia y la cultura machista, sin hacer nada por detener las situaciones de abuso infantil.
Foto: Gustavo Yuste
Revista Hamartia, impulsora de #YoNoMiento, campaña de visibilización contra el abuso sexual infantil lanzada en 2016, realizó un extenso relevamiento de 40 denuncias en la Ciudad de Buenos Aires. De los datos, se registra que el 90% de los abusadores tiene antecedentes de violencia hacia su pareja e hijos. En el 95% de los casos, los imputados por abuso fueron sobreseídos y, al menos en la mitad, se inició una causa de daños y perjuicios contra la denunciante. Esto cuenta con el apoyo del Cuerpo Médico Forense que aduce generalmente la existencia de un escenario de divorcio, orientando los peritajes en búsqueda de supuestos indicios de fabulación por parte de la mujer. Así, más de las tres cuartas partes de las acusaciones se sustentan en el denominado Síndrome de Alienación Parental.
De los datos, se registra que el 90% de los abusadores tiene antecedentes de violencia hacia su pareja e hijos. En el 95% de los casos, los imputados por abuso fueron sobreseídos y, al menos en la mitad, se inició una causa de daños y perjuicios contra la denunciante.
El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es un término acuñado en la década del ‘80 por el estadounidense Richard Garner, un pedófilo confeso que buscaba justificar la pedofilia ante las crecientes condenas contra los abusadores en su país de origen. De hecho, sostenía que “los niños y adolescentes pueden ser iniciados sexualmente por sus padres”. El falso síndrome supone la existencia de una madre vengativa, que induce denuncias de abuso en las mentes de sus hijos para perjudicar a sus parejas. Es decir que, básicamente, apunta a la criminalización de la madre y a la protección del abusador.
Ilustración de la campaña #YoNoMiento, Revista Hamartia
Si bien en Argentina hace ya algunos años que el SAP no es nombrado explícitamente en los procesos penales, la referencia continúa latente. Según el ex juez federal Carlos Rozansky, autor del libro Abuso sexual infantil, ¿denunciar o silenciar? y de la ley 25.852 que regula el testimonio de los chicos abusados ante la justicia, “las mamás de los chicos abusados viven un calvario en Argentina y en el mundo”. En diálogo con Radio Rebelde, Ronzansky afirma que la razón por la que se contempla este síndrome inexistente es “la propia ideología patriarcal, machista, varonil, masculina, de toda la vida, que atraviesa también a toda la justicia y por consecuencia va a terminar marcando que se descalifique a una mamá y que se le crea al abusador”.
Carlos Ronzansky afirma que la razón por la que se contempla este síndrome inexistente es “la propia ideología patriarcal, machista, varonil, masculina, de toda la vida, que atraviesa también a toda la justicia y por consecuencia va a terminar marcando que se descalifique a una mamá y que se le crea al abusador”.
Un caso ampliamente difundido fue el de Feliciana Bilat, que en 2010 denunció a su ex marido, Nicolás Berardi, por abusar de su hija de 4 años. Tal y como relató para Página/12 su abogada, Raquel Asensio, el proceso judicial estuvo marcado por una fuerte violencia institucional. No sólo se desvalorizó el testimonio de la víctima, sino que también se denunció penalmente a Bilat luego de hacerle una serie de preguntas irrelevantes para el caso, como la frecuencia con la que mantenía relaciones sexuales. El tribunal adhirió tácitamente al SAP, afirmando que la niña presentaba una “sexualidad exacerbada e hipererotización” que obedecería “a los rasgos de la personalidad materna”. En julio de 2015, en un escandaloso fallo, el tribunal terminó absolviendo a Nicolás Berardi.
El caso de Feliciana Bilat no es único. Como ella hay cientos de mujeres que son atacadas por proteger a sus hijos de los abusadores, pero también de un sistema que los revictimiza cada vez que elige creer al denunciado y desterrar sus testimonios al terreno de las puras invenciones. La visibilización del abuso infantil comienza por tomar conciencia de las asimetrías de poder, asentadas sobre la estigmatización de las mujeres y de los niños, profundamente arraigadas en una cultura en la que la palabra patriarcal constituye la verdad última.
