Esta semana el Senado de Brasil aprobó la Propuesta de Enmienda Constitucional, conocida como PEC 55, impulsada por el presidente Michel Temer a principios del mes de octubre. De sancionarse definitivamente, la normativa implicará congelar el gasto público por 20 años, lo que representará un duro golpe para las áreas de salud y educación. A su vez, la Cámara de Diputados aprobó una ley anti-corrupción que impide el avance de las investigaciones que manchan a muchos de los miembros del poder legislativo.
Por Laura Verdile y Lucía De Dominicis
Luego de que Dilma Roussef fuera desplazada del gobierno y de que Michel Temer asumiera interinamente la presidencia hasta la consumación del golpe constitucional que lo convirtió en presidente, el avance neoliberal se ha hecho notar. En el contexto de una situación económica crítica que no promete mejoras para el 2017 y el impacto de la tragedia aeronáutica que sacudió al país entero, los legisladores aprobaron dos leyes que no hacen más que profundizar el descontento social en Brasil.
PEC 55: Ajuste social del otro lado de la frontera
A principios del mes de octubre, Michel Temer presentó la creación de un nuevo régimen fiscal a través de una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 55). Así, con el objetivo de “contener el déficit y recuperar la confianza de los mercados”, Temer apuntó al achicamiento de los gastos sociales. La normativa impide el aumento del presupuesto para las áreas de salud y educación por los próximos 20 años, contemplando incrementos únicamente a partir de la inflación del año anterior. Algo similar sucedería con el salario, que mantendría el valor actual de 880 reales, equivalentes a 275 dólares.
La normativa impide el aumento del presupuesto para las áreas de salud y educación por los próximos 20 años, contemplando incrementos únicamente a partir de la inflación del año anterior. Algo similar sucedería con el salario, que mantendría el valor actual de 880 reales, equivalentes a 275 dólares.
Además, la ley establece que sólo podrá ser revisada por el mandatario de turno luego de haber transcurrido diez años desde su aplicación. Pero esto no es todo, sino que también, en caso de que ese límite de gastos sea incumplido, se advirtió la posibilidad de vetar los concursos públicos, frenar la creación de empleo y la contratación del personal. Todas medidas que no hacen más que perjudicar a los sectores más vulnerables de la sociedad y que profundizan el retroceso de las políticas sociales implementadas en los últimos 13 años por el Partido de los Trabajadores.
Todas medidas que no hacen más que perjudicar a los sectores más vulnerables de la sociedad y que profundizan el retroceso de las políticas sociales implementadas en los últimos 13 años por el Partido de los Trabajadores.
La PEC 55 ya obtuvo media sanción en la cámara de Diputados y, ahora que fue aprobada por el Senado, será sometida a una segunda y definitoria votación en la Cámara Alta el próximo 13 de diciembre. De acuerdo al portal de noticias Rede Brasil Atual, es inédita la rapidez con la que se está tratando en el Congreso, si se tiene en cuenta que el promedio de debate parlamentario de todas las PECs incorporadas desde 1988 fue de dos años.
El día de la votación en el Senado, casi 30 mil personas viajaron desde diversos puntos del país y se congregaron en Brasilia. La manifestación terminó con la brutal represión brutal de la Policía Militar que atacó con balas de goma y gases lacrimógenos.
La PEC 55, defendida por las entidades patronales, el FMI y la Cadena Globo, fue ampliamente rechazada por la Asociación Brasileña de Salud Pública, los estudiantes universitarios y hasta la Procuraduría General de la República, que considera a la medida como inconstitucional. El día de la votación en el Senado, casi 30 mil personas viajaron desde diversos puntos del país y se congregaron en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia. La manifestación terminó con la brutal represión brutal de la Policía Militar que atacó con balas de goma y gases lacrimógenos. El episodio no sólo sucedió frente al Congreso, sino que se reiteró en diversos puntos de la ciudad en un intento de desarmar la protesta.
Auto-amnistía para políticos sospechados de corrupción
El mismo Congreso que aprobó el juicio político contra la ex-presidenta Dilma Rousseff pocos meses atrás alegando la corrupción de su gobierno ha decidido votar una ley anti-corrupción que esconde la prohibición de que los políticos sean investigados por malversación de fondos públicos.
El mismo Congreso que aprobó el juicio político contra la ex-presidenta Dilma Rousseff pocos meses atrás alegando la corrupción de su gobierno ha decidido votar una ley anti-corrupción que esconde la prohibición de que los políticos sean investigados por malversación de fondos públicos.
Luego de la destitución de Rousseff, muchos votantes exigieron la renuncia de todos los otros miembros del gobierno que fueron alcanzados por el escándalo de Petrobras conocido como Lava Jato. El mismo presidente Michel Temer, quien era vice-presidente durante la gestión de Dilma Rousseff, es sospechado de haber participado en estas acciones.
Según la polémica ley, las investigaciones de casos de corrupción de jueces y fiscales que no presenten «indicios mínimos de la práctica de algún delito» serán consideradas un «abuso de autoridad». Al mismo tiempo, se elimina la oportunidad de la «delación premiada», que en nuestro país se conoce como «figura del arrepentido», por no ser considerada prueba suficiente para iniciar un proceso de investigación.
Dentro de la reciente investigación del Lava Jato, la confesión del ex-director de Petrobras Paulo Roberto Costa y de otros imputados que buscaban una reducción en sus penas ayudó a avanzar el proceso de búsqueda de culpables.
Según la polémica ley, las investigaciones de casos de corrupción de jueces y fiscales que no presenten «indicios mínimos de la práctica de algún delito» serán consideradas un «abuso de autoridad».
En las próximas semanas se definirá el destino de lo que muchos consideran como la “consolidación del golpe”, parte de una política que marca un giro brusco a la derecha y que tendrá su costo en los derechos sociales de la mayor parte de la población. Ambas medidas legislativas generaron masivas marchas que fueron reprimidas por la policía. El pueblo brasilero ha decidido tomar las calles para manifestar que no se siente representado por el presidente que el poder político y económico han elegido para ellos.
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