Ayer los trabajadores comenzaron una ocupación pacífica del Ministerio de Educación y Deportes en respuesta a la más reciente resolución del ministro Esteban Bullrich. Mientras se encuentra de vacaciones, sus funcionarios comunicaron el despido de 2600 docentes de capacitaciones y pos-títulos virtuales y 400 integrantes de los equipos centrales del ministerio. La medida fue parte de una serie de políticas de vaciamiento que tiene a los trabajadores como variable de ajuste y a la educación como otra de las áreas en las que no parece necesario invertir. /(Foto: Emergente).
“La revolución educativa” de la que hablaba Esteban Bullrich hacía unos meses parece implicar un área con menos docentes, programas y estudiantes. En línea con las políticas mantenidas durante todo el año y aprovechando las condiciones precarias de contratación, 3000 trabajadores fueron cesanteados. El despido de los 2600 tutores virtuales se desencadenó con el desmantelamiento del programa “Nuestra Escuela”, perteneciente al Instituto Nacional de Formación Docente. De acuerdo a las nuevas resoluciones del ministro, se cerrarán trece post-títulos y las capacitaciones virtuales terminarán definitivamente el 30 de diciembre de 2017.
El despido de los 2600 tutores virtuales se desencadenó con el desmantelamiento del programa “Nuestra Escuela”, perteneciente al Instituto Nacional de Formación Docente. De acuerdo a las nuevas resoluciones del ministro, se cerrarán trece post-títulos y las capacitaciones virtuales terminarán definitivamente el 30 de diciembre de 2017.
La medida afecta también a más de 140 mil docentes inscriptos en todo el país, ya que el programa perderá el 90% de la matrícula vigente. Además, muchos de los que están en condiciones de completar las capacitaciones podrían no recibir la titulación, gracias a la fecha de vencimiento que ahora tiene su régimen de cursada. De esta forma, se afecta el derecho de una formación permanente y gratuita garantizada en la Ley de Educación Nacional, que los pos-títulos permitían desde hacía más de tres años, junto a la asignación de puntaje para los docentes.
Foto: Emergente
Eliminar los cursos no sólo supone un desconocimiento del marco normativo vigente, sino también el recorte de programas esenciales con perspectiva de género, diversidad y derechos humanos. Se clausuran así el desarrollo de las capacidades críticas junto al cierre de especializaciones en Tecnologías de Información y Comunicación, Educación y Memoria, Problemáticas de las Ciencias Sociales, Educación Intercultural Bilingüe, entre muchas otras. El anunciado compromiso del gobierno con la violencia de género y el narcotráfico se contradice una vez más, con la interrupción de las áreas de Educación Sexual Integral y Prevención de Adicciones.
Eliminar los cursos no sólo supone un desconocimiento del marco normativo vigente, sino también el recorte de programas esenciales con perspectiva de género, diversidad y derechos humanos. El anunciado compromiso del gobierno con la violencia de género y el narcotráfico se contradice una vez más, con la interrupción de las áreas de Educación Sexual Integral y Prevención de Adicciones.
A los 2600 docentes, se suman los 400 trabajadores del ministerio, despedidos por la transferencia de los programas socioeducativos a la gestión provincial. Luego de la subejecución presupuestaria que sufrieron durante todo el año, se planea así la desvinculación del Estado sobre las políticas educativas bajo la idea de la “federalización”, descentralizando las oportunidades y perjudicando a las provincias con menores recursos. Tal y como informó a Página/12 Rodrigo Recalde, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los más afectados serán “los programas de extensión escolar, los centros juveniles e infantiles, los coros y las orquestas, educación para jóvenes y adultos, y los programas de alfabetización y formación docente”.
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Esta ola de despidos es una más entre las tantas que afectaron a los trabajadores durante el 2016. En el mes de agosto hubo 200 cesanteados de distintas áreas del Ministerio de Educación y Deporte, 50 de los cuales pertenecían al Instituto de Formación Docente. En marzo, 60 personas fueron también despedidas de Conectar Igualdad, perteneciente al Programa Nacional de Inclusión Digital.
Luego de la subejecución presupuestaria que sufrieron durante todo el año, se planea así la desvinculación del Estado sobre las políticas educativas bajo la idea de la “federalización”, descentralizando las oportunidades y perjudicando a las provincias con menores recursos.
A diferencia de las promesas vacías de inversión en educación, las políticas mantenidas en el 2016 evidencian que los trabajadores son costos inconvenientes para la concepción del sistema educativo público del actual gobierno. La prioridad en las evaluaciones docentes y el cierre de capacitaciones en áreas claves que son estigmatizadas y luego eliminadas, encierra una contradicción que deja atrás toda posibilidad de una formación pública, gratuita y de calidad.
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