Esta semana comenzó el primer juicio en Argentina por homicidio con agrotóxicos. Se trata del caso de Santiago Nicolás Arévalo, un chico de 4 años que murió en 2011, a partir del contacto con un insecticida derramado en la chacra lindera a su casa, en el Paraje Puerto Viejo, provincia de Corrientes. Ricardo Prieto, el productor agropecuario responsable, es también juzgado por las lesiones de Celeste Estevez, prima de Nicolás que resultó gravemente intoxicada por las sustancias pesticidas presentes en la finca.
El 20 de marzo de 2011 Nicolás y Celeste jugaban en los alrededores de su casa en el Paraje Puerto Viejo, Lavalle, provincia de Corrientes. Sólo unos 30 metros los separaban de la finca de Ricardo Prieto y de los toldos de plástico en donde se fumiga su producción de tomates. Al día siguiente comenzaron los vómitos. Gladys y Margarita, las madres de los chicos, los llevaron a una salita de primeros auxilios en Lavalle. Esa fue la primera parada de un recorrido de más de 300 kilómetros en el que atravesaron los hospitales de Santa Lucía, Goya y finalmente la capital correntina.
El diagnóstico de Nicolás se conoció recién en la autopsia, el día 4 de abril. Inhalación de veneno que el chico además absorbió a través de la piel, al pisar un charco con sustancias tóxicas. Celeste entró en coma, pero logró ser trasladada a tiempo al Hospital Garraham, en Capital, donde le practicaron una hemofiltración que le permitió recuperar su función hepática. Estuvo internada por tres meses y hasta el día de hoy continúa viajando a Buenos Aires una vez al año para continuar con un tratamiento.
El veneno que le causó a Nicolás un edema pulmonar agudo se llama endosulfán. Es un herboricida prohibido en julio de 2012, gracias a los argumentos de múltiples organizaciones que denunciaron sus peligros durante años. Una de sus características más letales es el efecto venenoso residual que dura entre 60 y 800 días.
El veneno que le causó a Nicolás un edema pulmonar agudo se llama endosulfán. Es un herboricida prohibido en julio de 2012, gracias a los argumentos de múltiples organizaciones que denunciaron sus peligros durante años. Una de sus características más letales es el efecto venenoso residual que dura entre 60 y 800 días. Sin embargo, la ilegalidad de la sustancia entró en vigencia recién en 2013, luego de que se hubiera acabado el stock de la importación. Al parecer el costo humano no era demasiado alto como para compensar las pérdidas económicas de un sector concentrado que lucra a expensas de los más vulnerables.
Santiago Nicolás Arévalo
El caso de Nicolás no fue el único. En mayo de 2012, José Carlos Rivero, Kili, como lo llamaba su familia, murió también a los 4 años producto de envenenamiento. El chico vivía al lado de la tomatera de Oscar Candussi, presidente de la Asociación Hortícola de Lavalle. A pesar de la autopsia realizada constata la presencia en su organismo de una sustancia clorada compatible con los agrotóxicos utilizados, la justicia aún no ordenó investigar nada. Ante los reclamos el intendente de Lavalle y en un intento de culpabilizar a las víctimas, Hugo Perrota, acusó al padre de Kili de poseer las sustancias que mataron a su hijo.
Perrota es administrador de una de esas tomateras que produce el 22% de los tomates que ingresan a Buenos Aires. Es un eslabón más en un negocio que sólo es posible gracias a la mano de obra en negro, que se aprovecha de ser, en muchos casos, la única fuente de trabajo para los habitantes de la región.
Perrota es administrador de una de esas tomateras que produce el 22% de los tomates que ingresan a Buenos Aires. Es un eslabón más en un negocio que sólo es posible gracias a la mano de obra en negro, que se aprovecha de ser, en muchos casos, la única fuente de trabajo para los habitantes de la región. Chicos, mujeres y hombres, expuestos a sustancias tóxicas sin ninguna clase de protección, desamparados por una ausencia total del Estado.
Foto: elfederal.org.ar
Julián Segovia, abogado querellante en el caso de Nicolás afirmó en una entrevista para el diario digital La Vaca que los obstáculos también provienen del Ministerio de Producción: “…si se hace el distraído es porque existe la posibilidad de que, ante algo así, se tenga que determinar que los tomates de Lavalle se dejen de mandar a Buenos Aires hasta que no se controle su producción como es debido. Y eso no sería rentable”.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por la organización Médicos de Pueblos Fumigados, en las poblaciones cercanas a las regiones fumigadas, una de cada tres muertes es por cáncer. y los abortos espontáneos y las maformaciones en los recién nacidos crecieron en un 400%.
Lavalle es sólo un ejemplo de los cientos de lugares envenenados lentamente por los agrotóxicos. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la organización Médicos de Pueblos Fumigados, en las poblaciones cercanas a las regiones fumigadas, una de cada tres muertes es por cáncer. En algunos pueblos, la cifra es de uno cada dos. En esas regiones, los casos de cáncer en niños se han triplicado en menos de una década y los abortos espontáneos y las maformaciones en los recién nacidos crecieron en un 400%.
A pesar de los datos y las pruebas relevadas por numerosa organizaciones, la situación de los pueblos fumigados parece estar lejos de encontrar una respuesta. Con la complicidad del Estado, el modelo de negocios se beneficia en la invisibilidad de miles de personas de cuyas historias no quedan rastros. Ni siquiera en los tomates que viajan al Mercado Central.
