La semana pasada, la diputada Diana Conti (FpV) presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de reparación histórica para las personas trans. El Régimen de Reparación, resultado del trabajo histórico de la militancia trans, pide la indemnización de $10.380 mensual (el equivalente a “la Categoría D Nivel 0 -cero-, Planta Permanente Sin Tramo”, según reza el texto de este Régimen Reparatorio para Víctimas de Violencia institucional en el artículo 7º) por daños sufridos por persecución y violencia sexual, abusos de poder, desaparición, tortura y maltrato por cuestiones ligadas a su identidad de género.
“Nosotras éramos sujetas sin patria”, inmortalizó el pasado en sus palabras la compañera Diana Sacayán. Un tiempo que habla en pasado y que se remonta a los Edictos Policiales de la dictadura que, tiempo después, siguieron aplicándose en democracia, y que hasta el día de hoy persisten en el imaginario de la sociedad argentina.
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Se trata de los árticulos 2h (vestir prendas contrarias al género) y 2f (escándalo público e incitación del acto carnal) que durante años funcionaron como la normativa que daba marco legal a la persecución y a los abusos de las fuerzas policiales para un gran número de personas que no cumplían el capricho de una sociedad heteronormativa, entre ellos las personas travestis y trans.
es un proyecto histórico que busca resarcir económicamente, si es que acaso fuera posible redimirse materialmente por la persecución simbólica que desde el origen de nuestra Nación encarna nuestro Estado machista, a las víctimas de estos abusos, tanto en tiempos de dictadura cívico-militar, como en tiempos de democracia.
Es por eso que el proyecto de ley denominado “Régimen Reparatorio para Víctimas de Violencia Institucional por motivos de identidad de género” es un proyecto histórico que busca resarcir económicamente, si es que acaso fuera posible redimirse materialmente por la persecución simbólica que desde el origen de nuestra Nación encarna nuestro Estado machista, a las víctimas de estos abusos, tanto en tiempos de dictadura cívico-militar, como en tiempos de democracia. A un Estado que aún en democracia se lavó las manos y continuó aplicando los Edictos Policiales, a un Estado que no tomó cartas en el asunto ni se preocupó por defender los derechos adquiridos por la militancia LGBTIQ, sólo le queda redimirse, a través de una especie de pensión, por sus culpas pasadas.
Es deber del Estado que hoy, el Régimen de Reparación sea convierta en ley fehaciente y que entre en vigencia lo más rápido posible.
Pero esa redención no puede devolver a las compañeras trans desaparecidas. Como escribió Paula Jiménez España para el Suplemento Soy de Página 12: “La violencia institucional se las arregla siempre para encontrar un recurso legal para seguir castigando a sus víctimas y es esta perpetuación del flagelo lo que esta ley, de ser aprobada, buscaría desbaratar”. Es deber del Estado que hoy, el Régimen de Reparación sea convierta en ley fehaciente y que entre en vigencia lo más rápido posible.
