A un año del mayor desastre minero de la historia del país, se produjo un nuevo derrame de cianuro en Veladero, el emprendimiento minero explotado por Barrick Gold, en la provincia de San Juan. El hecho fue reconocido públicamente por la firma luego de una semana, a pesar de haber sido informado al gobierno provincial nueve horas después de que detectara la filtración. Al igual que como ocurrió en septiembre de 2015, la magnitud de las consecuencias aún no están del todo claras.
La madrugada del 8 de septiembre, otro nuevo derrame de cianuro se produjo en la mina Veladero, provincia de San Juan. De acuerdo al comunicado oficial de Barrick Gold, la empresa multinacional que explota el yacimiento, el hecho fue producto del desacople de una cañería de 18 pulgadas, el cual fue generado por el impacto de un trozo de hielo. La solución cianurada traspasó así el dique de contención y según la compañía habría afectado unos 200 metros cuadrados. La empresa afirma que el hecho no representa una amenaza ambiental, lo cual es difícil de creer después de la manipulación informativa que orquestó hace un año, cuando fue responsable de volcar más de un millón de litros de cianuro al río Potrerillos.
La empresa afirma que el hecho no representa una amenaza ambiental, lo cual es difícil de creer después de la manipulación informativa que orquestó hace un año, cuando fue responsable de volcar más de un millón de litros de cianuro al río Potrerillos.
En ese sentido, aún no hay datos precisos sobre el alcance del accidente. El Gobierno suspendió el emprendimiento, hasta tanto se construyan “medidas de seguridad” para una “minería responsable”. Sin embargo, Gustavo Herman, integrante de la Asamblea «Jáchal No Se Toca», afirmó en una entrevista para Radio Sur: «…parar la mina significa dejar de agregar solución cianurada, pero con la que ya tienen en las piletas, tienen para trabajar 30 días así que se sigue con lo mismo». Es por eso que los vecinos de la Asamblea y la Asociación de Abogados Ambientalistas reafirman el pedido que vienen reclamando hace años: el cierre definitivo de la minera, la remediación de los recursos naturales y la prohibición de la actividad.
La mina de oro
Veladero es una mina explotada por la empresa canadiense Barrick Gold, que, a pesar de que la ley lo prohíba, se encuentra ubicada en una zona glaciar del departamento de Iglesia, provincia de San Juan. Comenzó a funcionar en septiembre de 2005, aunque las tratativas para su instalación se remontan a la década del ’90. En esa época, ante el cierre de numerosas fábricas y la falta de políticas que apoyaran a los pequeños y medianos productores, la megaminería se impuso como fuente de empleo casi exclusiva. Así fue como se desarrolló la dependencia laboral de un negocio multimillonario que, sin embargo, no ofrece demasiado trabajo a las personas de la región. De acuerdo al Intendente de Iglesia, Marcelo Marinero, el desempleo alcanza el 60%.
El más grave de los derrames ocurrió hace un año, el 13 de septiembre de 2015, cuando se volcaron más de un millón de litros de cianuro en la naciente del río Potrerillos, afectando también en el proceso a los ríos Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas. De esta forma, las principales fuentes de agua de los habitantes, cultivos y ganados se vieron gravemente contaminadas.
Con una reserva de 12.8 millones de onzas de oro, se estima que Veladero tiene una vida útil de 14 años. Luego de 11 de actividad, se registran, al día de la fecha, cinco derrames, de los cuales sólo dos adquirieron relevancia pública en el momento en que ocurrieron. Los otros tres tuvieron lugar entre 2011 y 2012, pero jamás fueron comunicados oficialmente y los vecinos desconfían de las cifras oficiales.
El más grave de los cinco ocurrió hace un año, el 13 de septiembre de 2015, cuando se volcaron más de un millón de litros de cianuro en la naciente del río Potrerillos, afectando también en el proceso a los ríos Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas. De esta forma, las principales fuentes de agua de los habitantes, cultivos y ganados se vieron gravemente contaminadas.
Foto: retaguardia.com.ar
A pesar de que el hecho comenzó a difundirse cuando los empleados alertaron a sus familiares, la empresa, en complicidad con el entonces gobernador provincial José Luis Gioja, optó en un principio por negar la contaminación. Con el paso de los días, Barrick Gold comunicó informaciones difusas y falsas, que variaron desde afirmar que se trató de un derrame de 15 mil litros de cianuro, hasta finalmente reconocer que la filtración en realidad fue de más de un millón de litros que efectivamente llegaron hasta el río. Luego de un año, las causas no están claras y los vecinos de la Asamblea sostienen que las filtraciones fueron producto de una sobre explotación de la mina, para compensar las pérdidas de ganancia ante la situación de los precios internacionales.
A pesar de que el hecho comenzó a difundirse cuando los empleados alertaron a sus familiares, la empresa, en complicidad con el entonces gobernador provincial José Luis Gioja, optó en un principio por negar la contaminación.
Ante la falta de información confiable, el Instituto de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo realizó un estudio sobre el impacto del derrame, a pedido de la Municipalidad de Jáchal. La investigación confirmó que los ríos de deshielo habían sido contaminados con metales pesados, encontrando valores elevados de manganeso, aluminio, arsénico, boro, cloruros y sulfatos. Además, se denunciaron fallas en el sistema de seguridad, como la falta de un sistema de control automático y detección que hubiera permitido controlar la fuga en un tiempo mucho menor.
Luego de un año de lo ocurrido, el desastre ambiental más grave de la historia del país no tuvo demasiado costo para la empresa más que una multa y el procesamiento judicial de empleados de menor jerarquía. Las complicidades políticas y los intereses de la multinacional que se tejieron en la década del 90 se han profundizado en los años sucesivos, avanzando contra los recursos naturales de la región y deteriorando la calidad de vida de sus habitantes.
El pueblo de Iglesia, Jachal y las comunidades cercanas conviven con un negocio que envenena sus aguas y se lleva a cambio niveles extraordinarios de ganancia, que van en aumento en especial desde la quita de retenciones al sector anunciada a principios de 2016. Mientras se proclama la importancia económica de la actividad, el nuevo derrame demuestra que el discurso de la «minería responsable» queda una vez manchado por el cianuro que quedó flotando en el río.
