La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes mexicanos salió a las calles a manifestarse por mejoras en las instalaciones y en la calidad educativa de las escuelas rurales. Desde ese día, 43 estudiantes permanecen desaparecidos y se han convertido en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en México. A dos años de la masacre de Ayotzinapa, el pedido de justicia se resume en una consigna clara: «Fue el Estado».
La Masacre de Ayotzinapa
Las escuelas normalistas en México tienen una larga historia de movilizaciones sociales. Han luchado por años por el derecho a la educación pública de calidad en los sectores rurales. El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes se reunió en las afueras de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, para avanzar hacia el centro de la ciudad en reclamo de mejoras educativas. Esa misma noche, el alcalde de la ciudad, José Luis Alabarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, habían organizado un importante acto político en el centro de la ciudad, que no podía ser opacado por los manifestantes. Por lo tanto, el alcalde dio órdenes a la policía de reprimir la protesta.
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes se reunió en las afueras de la ciudad de Iguala para avanzar hacia el centro de la ciudad en reclamo de mejoras educativas. Esa misma noche, el alcalde de la ciudad, José Luis Alabarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, habían organizado un importante acto político en el centro de la ciudad, que no podía ser opacado por los manifestantes.
La policía se enfrentó con un grupo de manifestantes y comenzó a reprimir la protesta. Un estudiante fue asesinado y muchos otros resultaron heridos. Un segundo grupo de estudiantes que se encontraba en Ayotzinapa, al enterarse de lo que estaba sucediendo, decidió ir a enfrentar a la policía en solidaridad con sus compañeros. En este segundo ataque, la policía asesinó a 5 personas más: 3 estudiantes, el chofer del micro y la pasajera de un taxi que pasaba por el lugar.
A la mañana siguiente, 43 de los estudiantes que se manifestaron en Iguala no regresaron a sus casas. Las familias comenzaron a buscarlos, a denunciar sus desapariciones y reclamar desesperadamente su búsqueda. El alcalde de Iguala y su esposa se dieron a la fuga y fueron encontrados casi un mes después en el Distrito Federal mexicano. La versión oficial de la investigación planteó que los estudiantes fueron asesinados por un cartel narco que los confundió con una banda rival, aunque este relato nunca fue aceptado por los familiares de las víctimas.
A la mañana siguiente, 43 de los estudiantes que se manifestaron en Iguala no regresaron a sus casas. Las familias comenzaron a buscarlos, a denunciar sus desapariciones y reclamar desesperadamente su búsqueda. El alcalde de Iguala y su esposa se dieron a la fuga y fueron encontrados casi un mes después en el Distrito Federal mexicano.
En el proceso de búsqueda de los estudiantes, fueron descubiertas fosas clandestinas con cadáveres incinerados que finalmente se constató que no pertenecían a los normalistas. Ayotzinapa, que se convirtió rápidamente en el símbolo de la lucha por los derechos humanos, demostró no ser el único caso de abuso de autoridad en México. La complicidad entre el Estado y el poder narco exige ser investigado a fondo.
Organismos internacionales enfrentan al Estado mexicano
La desaparición de los 43 estudiantes puso en alerta a la comunidad internacional. A pesar de que los medios de comunicación alrededor del mundo no hicieron una amplia cobertura del caso, organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzaron a investigar la violencia institucional. Definieron que México vive una de sus peores crisis en materia de derechos humanos y que el Estado debe intervenir, si no quiere seguir siendo cómplice.
A pesar de que los medios de comunicación alrededor del mundo no hicieron una amplia cobertura del caso, organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzaron a investigar la violencia institucional. Definieron que México vive una de sus peores crisis en materia de derechos humanos y que el Estado debe intervenir, si no quiere seguir siendo cómplice.
No sólo los 43 estudiantes han desaparecido. Según la investigación de Amnistía Internacional, a finales de 2015 había 27.638 personas desaparecidas en México, a las que se suman 151.233 homicidios y miles de denuncias por torturas. Las investigaciones policiales han demostrado ser extremadamente deficientes. Además México ha sido declarado el país más peligroso para hacer periodismo en América Latina. En menos de dos años han sido asesinados 15 periodistas y otros miles denuncian amenazas, hostigamientos y agresiones.
Las razones para culpar al estado mexicano de las 43 desapariciones es clara. Quien no se enfrenta al enemigo termina convirtiéndose en su cómplice. A dos años de la masacre de Ayotzinapa, el reclamo se mantiene más vivo que nunca. Durante el día de hoy, en Buenos Aires, se llevará a cabo una conferencia de prensa y una movilización para pedir justicia por los 43. A pesar de la violencia y la represión, el pueblo latinoamericano continúa unido en un mismo grito: «Vivos se los llevaron, vivos los queremos».
