Más de cuarenta organizaciones nucleadas en la Red Nacional de Salud y Derechos Humanos se presentaron ante el Ministerio de Salud para reclamar la anulación de la resolución 1003/2016, que deja sin efecto la única norma existente para implementar la Ley 26.657 de Salud Mental, aprobada en el año 2010 y reglamentada en 2013. En la práctica, la medida implica un retorno al sistema manicomial en contraposición al cambio de paradigma planteado por la regulación nacional.
En el mes de julio, por iniciativa del actual Ministro de Salud, Jorge Lemus, la resolución 1484/15 quedó sin efecto. La norma había sido creada para aplicar y regular la Ley Nacional de Salud Mental y establecía que, antes del 10 de septiembre del presente año, debía fijarse el “límite máximo de camas” al interior de los hospitales monovalentes y psiquiátricos públicos y privados, conocidos como manicomios, con el objetivo de reducir las internaciones hasta su “sustitución definitiva”. Esta disposición representaba una modificación del sistema médico hegemónico y de una concepción anacrónica de los pacientes que conduce a una inevitable estigmatización.
La resolución 1484/15 para la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental representaba una modificación del sistema médico hegemónico y de una concepción anacrónica de los pacientes que conduce a una inevitable estigmatización.
En reemplazo y para determinar las normas de “habilitación de establecimientos y servicios de salud Mental y adicciones”, se determinó la creación de una Comisión ad hoc, cuyo funcionamiento y composición quedará en manos de Andrew Santiago Blake, actual Director Nacional de Salud Mental y acérrimo opositor de la Ley 26.657 y de la 448, norma pertinente en la materia para la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y sancionada hace ya quince años.
Blake, psiquiatra proveniente del sector privado y antiguo empleado de la obra social OSDE y Swiss Medical, no sólo es defensor del sistema manicomial, sino que también se declaró abiertamente en contra del enfoque interdisciplinario planteado por la ley. Esta perspectiva admite la posibilidad de que cualquier profesional de la salud mental, y no exclusivamente los psiquiatras, ocupen cargos de conducción. Durante la gestión anterior, Blake era Coordinador de Redes de Salud Mental, asesoraba a la Directora General del área y estuvo al frente de una serie de medidas que obstaculizaron la aplicación de la ley 448, entre ellas la creación de un órgano de revisión encargado de supervisar el régimen de internaciones y evitar violaciones a los derechos humanos.
Foto: marcha.org.ar
Detrás del debate
La Ley Nacional de Salud Mental no puede entenderse, como sucede muchas veces con las normativas, como el producto de un determinado partido político, sino que, por el contrario, fue sancionada por unanimidad en el Congreso, luego de un trabajo colectivo e intersectorial realizado desde múltiples espacios y referentes en la materia, organizaciones de la sociedad civil, familiares y trabajadores de la Salud Mental. Los únicos que, en su momento, se opusieron férreamente a la legislación fueron los sectores médicos y psiquiátricos corporativos que ven perjudicados sus beneficios a mediano y largo plazo.
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La norma, que contempla los derechos humanos como eje principal, promueve un cambio de paradigma al desplazar la hegemonía psiquiátrica. En primer lugar, establece la existencia de tratamientos terapéuticos y la posibilidad de atención ambulatoria y comunitaria en hogares y residencias de medio término que presentan abordajes personalizados e interdisciplinarios, reconociendo otras prácticas además de la psiquiatría y la psicología como el trabajo social, la terapia ocupacional, la psicopedagogía, entre muchas otras. Esta concepción, que relega de este modo la internación a una “última instancia”, se opone a las rígidas estructuras manicomiales basadas en la necesidad de control absoluto del paciente, concebido sobre la base de su “peligrosidad” y de suponer su situación como irreversible.
Esta concepción, que relega de este modo la internación a una “última instancia”, se opone a las rígidas estructuras manicomiales basadas en la necesidad de control absoluto del paciente, concebido sobre la base de su “peligrosidad” y de suponer su situación como irreversible.
Este es un proceso en el que se busca revertir la institucionalización y lograr la inserción social de las personas afectadas, reemplazando el aislamiento en los establecimientos monovalentes que perpetua la alienación al interior de los muros hospitalarios. Esto además implica acabar con las irregularidades que rodean a los denominados manicomios. Según una entrevista realizada para Red Eco a Ángel Barraco, miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, «el 70% de las personas internadas en el Borda y en el Moyano son personas que no están internadas por su problemática patológica sino por causas sociales». Estas últimas se refieren a factores que dificultan la integración en la comunidad como falta de familia, vivienda o trabajo.
Retrasar la implementación de la Ley de Salud Mental conduce a dilatar las posibilidades de los pacientes en condiciones de externación y, a su vez, redunda en un beneficio para las clínicas privadas que, de aplicarse definitivamente la normativa, se verían obligadas a cerrar sus puertas y a perder negocios millonarios.
Retrasar la implementación de la Ley de Salud Mental conduce a dilatar las posibilidades de los pacientes en condiciones de externación y, a su vez, redunda en un beneficio para las clínicas privadas que, de aplicarse definitivamente la normativa, se verían obligadas a cerrar sus puertas y a perder negocios millonarios. Además, al plantear un abordaje interdisciplinario y la participación de otros profesionales no médicos en los tratamientos terapéuticos, la ley afecta a otro actor poderoso como es la industria farmacéutica, que tiene actualmente casi un 50% de participación gracias al mercado de los psicofármacos.
La Ley de Salud Mental, cuya efectiva aplicación se ha visto retrasada desde hace ya años, busca desplazar una concepción de la locura como un germen que debe ser extirpado para proteger a la sociedad y erradicado casi exclusivamente a través de los medicamentos administrados al interior de los muros de una institución. Así, anular la resolución conduce a un retroceso en el debate y en la problematización de los derechos humanos de los pacientes.
