Luego de una larga campaña, organizaciones de la sociedad civil lograron que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires iniciara el proceso de reglamentación de la Ley 14.783 de Cupo Laboral Trans, mejor conocida como la Ley “Diana Sacayán”, en reconocimiento a la activista que impulsó el proyecto. La normativa, aprobada en septiembre del año 2015, prevé que el 1% del personal provincial estatal esté conformado por personas transexuales, transgénero y travestis.
A fines del pasado mes de julio, representantes del colectivo trans se reunieron en la Secretaría Provincial de Derechos Humanos para avanzar en la reglamentación de la Ley 14.783, después de meses de pedidos llevados adelante por múltiples organizaciones, como el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y Conurbanos por la Diversidad, principales impulsores de la normativa junto a la diputada Karina Nazábal (Frente para la Victoria).
Asegurando un cupo laboral en puestos estatales, se inaugura así una política pública que busca garantizar una vida digna mediante la integración y la erradicación de una cultura de explotación.
La ley fue activamente promovida por la activista trans Amancay Diana Sacayán, dirigente del MAL y líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA), asesinada en octubre de 2015, a un mes de la aprobación de la norma en el Senado. El proyecto de cupo laboral que desde sus inicios ha buscado “promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”, se sumó a una serie de iniciativas en las que Sacayán trabajó durante años para afrontar la discriminación que afecta a la comunidad trans.
Foto: vocesporlajusticia.gob.ar
La normativa, de características únicas en el mundo, visibiliza la vulnerabilidad y la exclusión social, laboral y educativa que conduce a que cerca del 60% de la población trans ejerza la prostitución. Asegurando un cupo laboral en puestos estatales, se inaugura así una política pública que busca garantizar una vida digna mediante la integración y la erradicación de una cultura de explotación. En este sentido, el proceso de reglamentación implicará también adaptar la ley a la realidad del colectivo, puesto que los requerimientos inicialmente establecidos exigen un nivel educativo del que la población afectada carece a raíz de su exclusión del sistema.
La población invisible
La Ley de Identidad de Género, sancionada en mayo de 2012, mejoró ampliamente la situación de la población trans al permitir modificar su DNI de acuerdo a la “identidad autopercibida” y al prever, además, el tratamiento médico hormonal y las operaciones a los mayores de 18 años que así lo soliciten sin que sea necesario recurrir a la victimización. Si bien la norma representó un avance importante en la materia, la discriminación aún sigue presente.
La expectativa de vida de una persona trans es de 35 años. Excluidas del sistema, muchas llegan a esa edad con graves problemas económicos, de salud y habitacionales, sin un adecuado nivel de estudios o experiencia laboral previa.
De acuerdo al último informe elaborado por Fundación Huésped en colaboración con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA), la expectativa de vida de una persona trans es de 35 años. Excluidas del sistema, muchas llegan a esa edad con graves problemas económicos, de salud y habitacionales, sin un adecuado nivel de estudios o experiencia laboral previa. En condiciones de precariedad y en un contexto de constante estigmatización que las aleja de sus derechos y que conduce al aislamiento, la subsistencia se torna un desafío. Según la investigación, sólo 1 de cada 10 hombres y mujeres trans tienen un empleo formal con aportes jubilatorios.
Foto: pulsodelospueblos.com
Pero además, la discriminación se materializa en la violencia que la comunidad trans sufre de forma cotidiana. El mencionado estudio afirma que al menos 1 de cada 10 mujeres trans sufre agresión física y verbal de las fuerzas de seguridad, a partir de la criminalización de su identidad. Este año, se han registrado seis travesticidos en Argentina, una cifra que podría aumentar si se tiene en cuenta que en la morgue, en muchas ocasiones, se registra a las víctimas como hombres y no por su identidad.
La reglamentación de la ley representa un paso más en el reconocimiento de los registros y los papeles, pero también de los cuerpos y por lo tanto una reafirmación de que las identidades no son tipos biológicos, sino construcciones culturales, libres de armarse como se desee.
En este contexto, la reglamentación de la Ley de Cupo Laboral Trans abre un espacio para el desarrollo de políticas sociales de inclusión que permita el reconocimiento de la población trans y el rechazo a toda patologización. Representa un paso más en el reconocimiento de los registros y la documentación, pero también de los cuerpos y, por lo tanto, una reafirmación de que las identidades no son tipos biológicos, sino construcciones culturales, libres de armarse como se desee.
