En un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, en la que fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por el aparato represivo estatal, las organizaciones populares siguen reclamando justicia y exigiendo cárcel para los responsables intelectuales de las muertes. La reivindicación de esta lucha es un camino a seguir para lograr combatir la desigualdad y terminar con la impunidad política que reina desde hace más de una década.
El miércoles 26 de junio de 2002, seis meses después del estallido social que terminó con la presidencia de Fernando De La Rúa, organizaciones de desocupados y piqueteras decidieron cortar el puente Pueyrredón, en el marco de un plan de lucha contra el gobierno de Eduardo Duhalde y las políticas económicas que continuaban llevando desde hacía más de una década -por no decir desde la misma dictadura cívico-militar- cada vez más gente a la pobreza.
El corte de calle, rutas y autopistas, los denominados piquetes, ya eran en ese entonces una herramienta de larga data en la lucha popular en Argentina. En el 2002, la represión en la estación ex Avellaneda -ahora llamada por ley “Darío y Maxi”- se convertía en un símbolo de las protestas contra el neoliberalismo y sus políticas de ajuste que siempre van en contra de los sectores más vulnerables para llenar los bolsillos de los mismos de siempre.
Maximiliano Kosteki, de 25 años, y Darío Santillán, de 22 años, fueron asesinados por la policía. Si bien sus autores materiales fueron condenados, el reclamo persiste porque los responsables políticos aún no han pagado los costos de la masacre.
En esa movilización, Maximiliano Kosteki, de 25 años, y Darío Santillán, de 22 años, fueron asesinados por la policía. Si bien sus autores materiales fueron condenados, el reclamo persiste porque los responsables políticos aún no han pagado los costos de la masacre. Ambos fueron militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) en distintas localidades. No se conocían. Pero creían en el cambio social desde abajo. Sufrir las políticas económicas en carne propia, en sus barrios, junto a sus ideales, hicieron que ambos se encuentren en la jornada del 26 de junio de 2002.
Ese día, en el medio de la brutal represión, Darío Santillán entró a la estación de trenes de Avellaneda para auxiliar a Maximiliano Kosteki, que ya agonizaba por los disparos de plomo. Santillán no pudo hacer mucho y tres efectivos de la Policía Bonaerense lo obligaron a irse con armas en mano. En esa retirada, recibió balazos en la espalda y cayó malherido a pocos metros.
El camino de la justicia
Cuando los policías dispararon con balas de plomo contra los cuerpos de Kosteki y Santillán, y de las 33 personas que resultaron heridas, no lo hicieron como mero exceso. Por el contrario, los familiares y organizaciones populares reclaman que hubo un plan de represión por parte del Estado. Es decir que fue una masacre organizada, decidida por la cúpula del poder político de aquel momento y ejecutada por un operativo conjunto de las policías Federal y Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y los servicios de Inteligencia.
Esta complicidad y organización fue demostrada por la serie de reuniones que, durante las semanas previas a la masacre, mantuvieron miembros del gabinete con altos mandos de las fuerzas de seguridad, por los llamados con los servicios de inteligencia y también por las declaraciones hechas a los medios en esos días, en las que se acusaba a los mismos manifestantes por los hechos y se decía que la policía sólo había utilizado balas de goma y había sido agredida con palos y armas de fuego, aunque no incautaron ningún arma de lo manifestantes.
Las muertes fueron justificadas y argumentadas con teorías que adjudicaban a las organizaciones de desocupados una intención de volcarse a la lucha armada y que buscaban atentar contra las instituciones. A esto se refieren los familiares y amigos cuando hablan de un plan político del gobierno, que habría tenido éxito si las fotos y el rol de los periodistas no hubieran frustrado la versión oficial que se buscó instalar.
Las muertes fueron justificadas y argumentadas con teorías que adjudicaban a las organizaciones de desocupados una intención de volcarse a la lucha armada y de atentar contra las instituciones. A esto se refieren los familiares y amigos cuando hablan de un plan político del gobierno que habría tenido éxito si las fotos y el rol de los periodistas no hubieran frustrado la versión oficial que se buscó instalar. Por ello, reclaman que se haga justicia y que la ley alcance no solo a los policías que los asesinaron, sino también a los responsables intelectuales de esa represión. Por eso, la importancia de que también sean juzgados quienes en ese momento eran funcionarios del Estado: Eduardo Duhalde, presidente; el ex gobernador Felipe Solá; Luis Genoud, Ministro de Seguridad; Jorge Vanossi, al mando del Ministerio de Justicia; el ex vicejefe de la SIDE Oscar Rodríguez; Alfredo Atanasoff, ex jefe de gabinete; Aníbal Fernández, Secretario General de la Presidencia; y Juan José Alvarez, ex Secretario de Seguridad.
La realidad es que el aparato represivo estatal disparó contra quienes reclamaron por la desocupación, el hambre y la falta de viviendas de quienes más sufrían el ajuste neoliberal. Si bien los responsables materiales, el ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta fueron condenados a prisión perpetua el 9 de enero de 2006 -condena que quedó firme recién a principios del año 2016-, los responsables políticos del hecho siguen sin ser juzgados.
Si bien los responsables materiales, el ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta, fueron condenados a prisión perpetua el 9 de enero de 2006, los responsables políticos del hecho siguen sin ser juzgados.
La causa por las responsabilidades políticas recayó en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, y el fiscal designado fue Miguel Ángel Osorio, pero nunca se avanzó más allá de las cuestiones formales. Luego de lograr desarchivar la causa, en el 2016 un grupo de abogados, familiares y militantes de distintos movimientos realizaron una nueva presentación en Comodoro Py. En esta ocasión, se presentó una estrategia judicial donde los abogados que llevan la causa proponen un nuevo eje de investigación, que pretende avanzar en el nexo entre las responsabilidades materiales y políticas.
“A 14 años seguimos esperando justicia, 14 años en los cuales seguimos enfrentándonos con un poder político que apaña y acompaña a los responsables de la Masacre de Avellaneda», manifestó Alberto Santillán, papá de Darío, en la jornada del 26 de junio de 2016 en el puente Pueyrredón, símbolo de esta lucha.
El rol de los medios y los periodistas en la masacre
Fue conocido el papel que los medios hegemónicos de aquel momento optaron tener en estos hechos. Su complicidad con el gobierno de turno dio el pie para difundir la masacre como un «enfrentamiento» entre los mismos movimientos piqueteros, historia ya conocida en la Argentina. Sin embargo, una secuencia fotográfica con la cual los grandes medios contaban desde las primeras horas de la masacre y que decidieron ocultar por más de 48hs., muestra claramente de dónde salieron los disparos asesinos. De esta forma, gracias al trabajo realizado por periodistas y fotógrafos, se pudo conocer a los responsables materiales de las muertes, el accionar policial y la impunidad con la que ejercieron la represión.
La complicidad del gobierno de turno con los medios más concentrados dio el pie para difundir a la masacre con el término de «enfrentamientos» entre los mismos movimientos piqueteros, historia ya conocida en la Argentina.
Estos datos señalados son importantes, porque en caso de que se reglamentara y ponga en vigencia el protocolo antipiquetes propuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional en el 2016, el rol de la prensa será limitado según la forma en que las autoridades de los operativos de seguridad dispongan. Así, es difícil pensar en un ejercicio libre de los periodistas para poder documentar este tipo de hechos.
Pensar la masacre, hoy
Es necesario ubicar la represión en Avellaneda como parte de un intento por imponer un freno desde el gobierno de Duhalde a la movilización social, en ascenso desde los últimos años de la década del ‘90 y resistente a un modelo económico y social que no incluía a todos por igual.
No obstante, la desigualdad que se buscaba combatir está lejos de erradicarse, y las políticas implementadas desde el gobierno de Mauricio Macri parecerían continuar ese camino. Sumado a eso, las medidas de seguridad de la mano de Patricia Bullrich forman parte de un proceso en el cual la criminalización de la protesta y la represión frente a las movilizaciones populares tenderían a profundizarse. En este sentido, desde el documento que leyeron las organizaciones en el puente Pueyrredón, se expresó: “Volvemos a este puente emblemático para reclamar justicia por los compañeros caídos y a rechazar las políticas de hambre y represión del gobierno nacional de Mauricio Macri y de los gobernadores provinciales”.
Es necesario ubicar la represión en Avellaneda como parte de un intento por imponer un freno desde el gobierno de Duhalde a la movilización social, en ascenso desde los últimos años de la década del ‘90 y resistente a un modelo económico y social que no incluía a todos por igual. No obstante, la desigualdad que se buscaba combatir está lejos de erradicarse, y las políticas implementadas desde el gobierno de Mauricio Macri parecerían continuar ese camino.
En la misma jornada que se repite año tras año, Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, declaró: «Seguimos reclamando lo mismo: juicio y castigo a los responsables políticos (…) Hoy le decimos al gobierno de Macri que no le vamos a permitir de ninguna manera que se burle de nosotros. Vamos a seguir luchando desde la calle y de la manera que lo sabemos hacer que es todos unidos».
Esta causa, pero sobre todo esta experiencia de lucha popular es un ejemplo de la cruda represión a la que muchos movimientos sociales están expuestos frente a las políticas actuales que intentan profundizar el modelo neoliberal. Sin embargo, la justicia frente a lo sucedido y la posibilidad de llegar a fondo en el juzgamiento de los responsables políticos servirá para dar un empujón a muchos otros casos de represión estatal y violencia institucional que, como las evidencias demuestran, no son hechos aislados. Por eso, es importante seguir exigiendo celeridad a la justicia, para que avance en la causa e investigue a fondo la represión desde la cara de los funcionarios.
En este sentido, las palabras de Alberto Santillán para terminar una nueva jornada de lucha son tan claras que implican una dura responsabilidad frente a la desigualdad: “Mientras mi hijo tanto como Maximiliano, se estaban muriendo en la estación, estaban pariendo miles de hijos con una nueva conciencia. (…) Yo no me olvido como murió, pero tampoco nos olvidamos cómo vivieron, y las enseñanzas que nos dejaron”.
