Con la intención de desmitificar la idea de que los derechos humanos pertenecen al pasado y la memoria es algo que debería quedar en el olvido, el ciclo “Los derechos humanos son ahora” intenta indagar su vigencia en la realidad actual y cómo su defensa puede encontrarse, también, dentro de un organismo del mismo Estado: la Comisión Provincial por la Memoria.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es un organismo autónomo creado en 1999 como iniciativa parlamentaria frente a la crisis del neoliberalismo en la Provincia de Buenos Aires. «El objetivo era que las políticas de memoria y derechos humanos debían pensarse desde distintas perspectivas y ámbitos», comenta a La Primera Piedra Sandra Raggio, directora general de la CPM, por ello la participación de referentes claves como Estela de Carlotto (en sus comienzos), Adolfo Pérez Esquivel o Nora Cortiñas, sumado a referentes del mundo académico, la justicia, el movimiento sindical y diferentes iglesias. En la siguiente entrevista, el trabajo realizado por la Comisión, la importancia de la justicia frente a los delitos de lesa humanidad y el futuro de las actuales violaciones de los derechos humanos. «Los sectores más concentrados y con mayor poder de la economía que se fortalecieron durante la dictadura, siguen detentando el poder y lo han acrecentado en democracia», manifiesta.
— ¿Por qué la lucha por los derechos humanos es algo que nos interpela en el presente?
— Porque las luchas por la democratización de la sociedad nunca concluyen, y no hay otra forma de seguir profundizando en este sentido que garantizando los derechos de las mayorías. No hay derechos humanos del pasado y del presente, esa división es falsa. Esta lucha es una forma de pensar la sociedad, de crear un marco de compromiso acerca de cómo queremos vivir juntos. En definitiva, es una forma de concebir la democracia.
Comisión Provincial por la Memoria (DIPBA)
— ¿De que se trata el archivo y la documentación con la que cuentan en la Comisión?
— Al año de formarse la Comisión, en el 2000, por una ley nos cedieron la casa y los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPBA). Eso fue un gran desafío porque significaba gestionar y abrir al público en su totalidad el primer archivo de una fuerza represiva. Son más de cuatro millones de fojas. En estos años ya son más de 10.000 las personas que hicieron consultas sobre qué información tenía la DIPBA de ellas o sus familiares, así como también cientos han sido los investigadores que han nutrido sus trabajos con estos documentos. Pero, seguramente lo más trascendente es la cantidad de prueba documental que se ha podido presentar en las causas por los delitos de lesa humanidad.
La Justicia debe seguir profundizando la sanción de los responsables y el Estado debe seguir garantizando el avance en la investigación de la verdad de lo ocurrido, porque falta mucho por hacer aún.
— En este sentido, ¿cómo perciben el proceso de memoria y justicia respecto a lo delitos de lesa humanidad sucedidos en la dictadura?
— Siempre hemos pensado la memoria de la dictadura en términos de derecho: en una sociedad democrática la memoria es un derecho y el pasado un patrimonio común. Todo Estado democrático debe garantizar una dinámica de la memoria que sea plural y reconozca su conflictiva dinámica. Por supuesto que no pueden tener lugar, como reconocimiento del Estado, aquellas memorias que se apartan del marco democrático y niegan o defienden el terrorismo de Estado. No todo es lo mismo. No obstante, hay que asumir que esas memorias existen y todavía muchas personas se ven representadas en estas versiones. Por eso mismo es necesario seguir avanzado en el pleno esclarecimiento y en la transmisión. La Justicia debe seguir profundizando la sanción de los responsables y el Estado debe seguir garantizando el avance en la investigación de la verdad de lo ocurrido, porque falta mucho por hacer aún.
— ¿Qué cosas creen que perduran desde la dictadura?
— Sin duda, la gran continuidad es que los sectores más concentrados y con mayor poder de la economía que se fortalecieron durante la dictadura, siguen detentando el poder y lo han acrecentado en democracia.
A esos mismos (pobres) que el neoliberalismo había generado, ahora también se les mostraba la cara represiva en una clara política de criminalización de la pobreza, la llamada «mano dura» en materia de seguridad.
— Volviendo a los comienzos del organismo, ¿cómo se empezaron a involucrar con las violaciones de los derechos humanos que ocurren en la actualidad?
— En ese contexto de crisis social que estalló en el 2001 era imperioso comprometerse e intervenir en lo que estaba pasando. La CPM decidió que debía orientar su acción a la vigilancia de las violaciones a los derechos humanos, no solo las que habían ocurrido en el pasado sino también las que seguían ocurriendo. Por eso, se creó el Comité contra la Tortura, porque las cárceles duplicaron su población encerrando a los pobres. A esos mismos que el neoliberalismo había generado, ahora también se les mostraba la cara represiva en una clara política de criminalización de la pobreza, la llamada «mano dura» en materia de seguridad. La creación del Comité fue la puesta en marcha de un mecanismo de monitoreo y control de los lugares de encierro, siguiendo los estándares internacionales.
— Tendiendo en cuenta esta violencia institucional, sumada a los casos de gatillo fácil hacía jóvenes vulnerables, ¿qué evalúan respecto a que persistan en estos 32 años de democracia?
— No sólo han persistido, sino que se han acrecentado. Estos casos constituyen un problema de la democracia no sólo un resabio de la dictadura. La tortura en nuestro país es una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad y no es sólo una continuidad, se han generado nuevas modalidades. Los perseguidos son otros. Son los jóvenes pobres, configurados como los nuevos peligrosos que generan miedo social y un reclamo de control y represión que luego se expresa en la «mano dura» que contrapone a la seguridad con los derechos humanos.
La Comisión Provincial por la Memoria está en el territorio y al mismo tiempo interpela a la opinión pública, a los gobiernos, propone iniciativas legislativas e interviene de manera directa en la defensa de los derechos humanos.
— En estos años, ¿cuáles son los logros de la CPM?
— El mayor logro fue la creación y consolidación de un organismo autónomo dentro del Estado, para desarrollar políticas de memoria y derechos humanos estables y que no estuvieran subordinadas a las distintas gestiones de gobierno. Por otro lado, hemos ampliado el campo de actores en el espacio de los derechos humanos y la memoria, que no se limita a la convocatoria del núcleo de afectados ni de los ya convencidos, sino que se abre a las nuevas generaciones y a otros actores no siempre convocados, y que son los que sufren hoy la vulneración de derechos y pertenecen a los sectores populares. En esa línea, el Programa Jóvenes y Memoria, que cada año convoca a 20.000 jóvenes de la provincia a trabajar por la memoria y los derechos humanos es un ejemplo. Este programa ya lleva 15 años de labor ininterrumpida en toda la provincia convocando a escuelas y organizaciones sociales. La CPM está en el territorio y al mismo tiempo interpela a la opinión pública, a los gobiernos, propone iniciativas legislativas e interviene de manera directa en la defensa de los derechos humanos.
Integrantes de la CPM
— Para finalizar, desde la CPM, ¿cómo ven la situación de la política de derechos humanos en este gobierno? ¿Cómo creen que va a proseguir la situación de vulneración de derechos?
— Lo vemos con preocupación, por varios motivos, pero sobre todo porque cuando las políticas económicas atentan contra el bienestar de las mayorías, la regresión en materia de derechos humanos se acrecienta: crece la desocupación y la pobreza, y se retrae la presencia del Estado como garante de derechos. Este es el escenario actual. Se evidencia en la pérdida de empleo y en la fuerte caída del salario real seguida por una transferencia de riqueza a los sectores más concentrados de la economía.
