En Tierra del Fuego, los trabajadores ya llevan más de cien días reclamando la derogación de un paquete de leyes votado en la primera semana de enero de 2016, el cual impone medidas de ajuste para toda la comunidad de la provincia. Desde entonces, las protestas han sido objeto de violentas represiones que tuvieron su máxima expresión en el brutal ataque de la madrugada del 31 de mayo, cuando un operativo policial atacó y quemó un acampe frente a la Casa de Gobierno. En más de tres meses, poco se ha hablado del conflicto y de las medidas que se impusieron en detrimento de los derechos de los trabajadores fueguinos.
El 8 de enero, en una sesión que se extendió desde las 14 hs. hasta las 2 de la madrugada del día 9, los legisladores de la provincia de Tierra del Fuego aprobaron un paquete de leyes presentado públicamente con sólo 24 hs. de antelación, sin haber convocado previamente a los trabajadores y mientras la mayoría de los estatales se encontraban de vacaciones. A pesar de que las sesiones son constitucionalmente abiertas para todo el que desee asistir, en este caso se llevó a cabo un operativo policial que cercó el lugar con vallas y agentes antimotines, para evitar cualquier oportunidad de protesta que pudiera generar un canal de negociación. Como si fuera poco, ese día se cortaron en Ushuaia todas las comunicaciones telefónicas y los canales de Internet.
A pesar de que las sesiones son constitucionalmente abiertas para todo el que desee asistir, en este caso se llevó a cabo un operativo policial que cercó el lugar con vallas y agentes antimotines. Como si fuera poco, ese día, se cortaron en Ushuaia todas las comunicaciones telefónicas y los canales de Internet.
En respuesta, los 25 gremios presentes en Tierra del Fuego se unieron para pedir la derogación del paquete de leyes de ajuste que impactan en los derechos de los trabajadores de la provincia, al establecer medidas como descuento salarial, aumento de impuestos y modificación del régimen jubilatorio. Desde ese momento, se han realizado paros, cortes de ruta, acampes, más de cien marchas multitudinarias, caravanas con bocinazos, presentaciones formales en la Legislatura y el Poder Judicial y una iniciativa popular con 22 mil firmas.
El gobierno de Rosana Bertone (PJ / Frente para la Victoria) ordenó en reiteradas ocasiones la represión de las protestas, apostando a su desgaste y a que el conflicto simplemente se disuelva. Desde que el conflicto comenzó, el historial de persecuciones es largo. Sin ir más lejos, a principios de mayo, se arrestaron durante la madrugada y se mantuvieron detenidos durante dos días a cinco dirigentes sindicales mediante violentos allanamientos en los que registraron sus domicilios y agredieron a los familiares presentes. Por esa fecha la gobernadora ordenó también iniciar un sumario administrativo de todas aquellas personas que en ese momento se encontraban acampando frente a la Casa de Gobierno.
Foto: surenio.com.ar
Uno de los últimos hechos tuvo lugar durante la madrugada del 31 de mayo, día en el que un operativo policial se acercó cantando el Himno Nacional a la calle San Martín, en Ushuaia, y, sin orden de detención, desalojaron violentamente a fuerza de golpes un acampe que llevaba más de 90 días situado frente a la Casa de Gobierno. El episodio, que culminó con el incendio de las carpas, tuvo un saldo de siete heridos.
El último hecho tuvo lugar durante la madrugada del 31 de mayo, día en el que un operativo policial se acercó cantando el Himno Nacional a la calle San Martín, en Ushuaia, y, sin orden de detención, desalojaron violentamente a fuerza de golpes un acampe que llevaba más de 90 días situado frente a la Casa de Gobierno.
¿Qué se reclama?
Las medidas implican un ajuste para toda la provincia que afecta a trabajadores estatales y privados. Además de los ya conocidos tarifazos de servicios que se han implementado en todo el país, las leyes 1069 y 1075 declaran el aumento de seguros, medicina prepaga, impuestos de patentes e inmobiliarios, que suben entre un 600% y 1500%. Agravan además las compras con tarjetas de crédito y débito. Esta situación se suma a la baja y el congelamiento salarial en el ámbito estatal, lo que genera, en consecuencia, una disminución del consumo y un panorama difícil para los pequeños y medianos comerciantes.
El régimen jubilatorio también fue objeto de múltiples modificaciones que implican mayor cantidad de requisitos para el ingreso, disminución de beneficios y aumento del aporte personal. Con las reformas, los trabajadores pasivos pierden el 82% móvil y, a partir de lo establecido en las leyes 1070 y 1076, la edad para la jubilación sube 5 años para los hombres y entre 10 y 15 para las mujeres. Además, se determinó un aumento de aportes para los trabajadores activos, pasivos y docentes, éstos últimos alcanzados por un porcentaje más alto que los anteriores, lo que se traduce en un mayor descuento del sueldo.
El pago de la deuda con el IPAUSS, incumplido por las últimas gestiones, se aseguraba mediante la ley 676, derogada como parte del paquete de medidas y reemplazada por otra que aplica intereses mínimos y la licua, disminuyendo su valor aproximadamente a 4 millones.
El Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS), que reunía Caja y Obra Social, fue declarado en emergencia, sin que hubiera en realidad ningún estudio socio económico que verifique su situación. Esto se relaciona directamente con la deuda de 18 millones de pesos (según los valores actuales) que el gobierno mantiene con el organismo cuando se utilizó el dinero para dar créditos a empresarios a través del Banco Provincial. El pago de la deuda, incumplido por las últimas gestiones, se aseguraba mediante la ley 676, derogada como parte del paquete de medidas y reemplazada por otra que aplica intereses mínimos y la licua, disminuyendo su valor aproximadamente a 4 millones.
Foto: sincensura.com.ar
Pero además, al dividirse la Caja Previsional y la Obra Social con la ley provincial 1071, los trabajadores perderán poder de representación en el IPAUSS. Los sectores de activos y pasivos que contaban con tres y dos delegados respectivamente, ahora tendrán, por instituto, un solo vocero cada uno. El Poder Ejecutivo nombrará a un Presidente y a un Vice, el primero con voto doble y funciones superlativas que le permitirán tomar decisiones que antes eran sometidas a consideración del directorio, vulnerando así la autarquía que caracterizaba al IPAUSS.
Por otra parte, las pensiones por discapacidad, otorgadas por el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE) se descuentan en un 5% y la ley provincial 1074 crea la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), organismo que tiene potestad sobre los ciudadanos y los tres poderes. Puede modificar leyes sin intervención de la Legislatura y otorga facultad para dar órdenes a jueces y policías y poder realizar allanamientos.
Lejos de resolverse, el conflicto en Tierra del Fuego pone de manifiesto la escalada de violencia y la criminalización de la protesta que se refleja en la agresividad, la negación del diálogo y la represión institucional. El paquete de medidas actúa, una vez más en perjuicio de los trabajadores y de sus derechos que, a pesar de todo, buscan hacerse escuchar.
