El pasado viernes a las diez de la mañana, se desarrolló en Washington la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para debatir los cambios hechos por decreto en el gobierno de Macri a la Ley de Servicios de Counicación Audiovisual -más conocida como «Ley de medios». El evento fue seguido por transmisión simultánea en varios puntos del país y una de las más destacadas fue la que impulsó el colectivo denominado Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), que invitó a toda la ciudadanía a participar del encuentro en el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados ante el ocultamiento de los grandes medios de comunicación.
Hace unas semanas, la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) comenzó a difundir a través de distintos medios la convocatoria para participar de la audiencia pública nº 39 de la CIDH titulada Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, que fue solicitada a este organismo dependiente de la OEA por numerosos actores sociales e institucionales de relevancia indiscutida en la escena comunicacional argentina, entre los que se pueden destacar el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la Asociación Mundial de Redes Comunitarias (AMARC) y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).
La audiencia fue pedida en virtud del impacto evidente que sufrieron algunos de estos espacios a partir de la ejecución del decreto de necesidad y urgencia 267/15 firmado por Mauricio Macri, a tan sólo 19 días de su asunción. Dicha medida modifica sustancialmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 y la Ley Argentina Digital, obstaculizando la competencia y potenciando gravemente un viejo problema: la concentración, que no sólo impacta en forma negativa sobre el pluralismo y la diversidad de voces, sino que también implica recortes en numerosos puestos de trabajo.
La cita del encuentro estaba pautada a las 9.30 en el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados, ubicado en el subsuelo del edificio de la avenida Rivadavia 1865, justo frente al Congreso de la Nación. A partir de las 9.15 fueron aproximándose los interesados, en su gran mayoría periodistas de distintos medios comunitarios y asesores de las diversas secretarías y comisiones de la Cámara. El prólogo fue largo pero estuvo repleto de expectativas en torno al acontecimiento; de a poco, los trabajadores de prensa fueron acercándose con sus libretas, grabadoras, cámaras y micrófonos, apropiándose de la sala en la que ya estaba dispuesta la pantalla gigante, los parlantes y un monitor que desde el primer minuto anunciaba la consigna de esta convocatoria: «Si el derecho a la comunicación está en peligro, todos los derechos lo están. Coalición por una Comunicación Democrática. En defensa del derecho humano a la comunicación».
Antes del inicio oficial de la audiencia, Luis Lázzaro —miembro de la CCD— hizo una breve introducción para explicar los motivos de la audiencia, mientras que Gonzalo Carbajal se ocupó de mencionar algunas de las numerosas organizaciones que participarían de la transmisión del evento en vivo y en directo (radios universitarias, medios comunitarios, cooperativas, sindicatos, espacios populares y varias organizaciones sin fines de lucro).
También se anunciaron algunas adhesiones de diversos espacios (la Lista Azul y Verde, el Sindicato de Prensa de los Trabajadores de Buenos Aires, Telesur, Diputados TV, el diario Por Más Tiempo, entre otros) y la presencia de algunos diputados del Frente para la Victoria en el recinto (Liliana Mazure, Remo Carlotto, Eduardo Seminara y Cristina Álvarez Rodríguez). Por último, se hizo referencia al arduo trabajo de difusión y traducción a otros idiomas de los 21 Puntos por una Comunicación Democrática, que ayudará a explicitar frente a distintos organismos internacionales la áspera situación que enfrenta el país en materia de información y comunicación a raíz de los decretos firmados por el Presidente de la Nación. Así, se instó a un trabajo colectivo de activa participación, para que cada uno de los presentes pueda convertirse en un agente multiplicador con capacidad de persuasión respecto de los objetivos ideales impulsados por este documento, y se destacó el respaldo de las comisiones de Comunicación en Informática y de Libertad de Expresión, ambas pertenecientes a la Cámara de Diputados.
A las 10.05, James Cavallaro —presidente de la CIDH— dio comienzo a la audiencia. Mencionó sólo algunas de las numerosas organizaciones responsables de la petición de dicha instancia, y rápidamente presentó las dos partes de la contienda. Por un lado, los peticionarios: Horacio Verbitsky, Martín Becerra, Damián Loreti, Daniel Badenes, Néstor Busso, Ana Jaramillo, Osvaldo Francés y Oscar Nocetti. Por otro, los representantes del Estado argentino: Claudio Avruj, Santiago Cantón, Eduardo Bertoni, Miguel de Godoy, José Arcuri y Silvana Giudici (“una delegación de altísimo nivel”, tal como fue presentada por Cavallaro). Luego de establecer el tiempo de 23 minutos para cada una de las partes, el presidente de la comisión le cedió la palabra a los peticionarios, comandados por Horacio Verbitsky, titular del CELS y prestigioso periodista de Página 12.
Si la anterior ley audiovisual era incompleta e imperfecta, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo el marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada (Horacio Verbitsky)
Verbitsky presentó el tema a abordar y fundamentó las razones de la petición de esta audiencia en virtud de la afectación directa a los derechos a la libertad de expresión, información y comunicación, que se vieron drásticamente vulnerados a raíz de la ejecución del DNU 267 en manos del Poder Ejecutivo. Además, destacó el interés de la sociedad argentina por este tema, y mencionó algunos de los espacios que compartirían la transmisión simultánea en distintos puntos del país. También se refirió a los daños que acarrea una concepción mercantilista de las licencias, y vinculó esa mirada a la reducción de la pluralidad de voces, donde el mercado se presenta engañosamente como una esfera desprendida del debate de ideas y la circulación de información. Luego de un prólogo breve pero contundente, Verbitsky se apresuró a ceder la palabra a Martín Becerra, y a lo largo de la audiencia se ocupó de moderar la dinámica entre los distintos oradores de su delegación.
1º ORADOR: MARTÍN BECERRA (Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, docente universitario e investigador independiente del CONICET)
Martín Becerra es uno de los especialistas más importantes de Argentina en torno a las temáticas de concentración, convergencia y propiedad de medios. Es por eso que fue convocado por esta delegación para expedirse acerca del impacto de las nuevas normativas sobre este campo particular de regulación. Él se refirió al fenómeno de la concentración como un problema clásico que necesariamente requiere de respuestas normativas, medidas que no sólo se limiten a la mera defensa de la competencia, sino que vayan más allá a la hora de asegurar la pluralidad de voces y la diversidad cultural. En su exposición, Becerra aportó datos duros y tres ejemplos contundentes que demuestran el modo en que las medidas macristas vulneran el derecho a la comunicación, a través de la obstaculización de la competencia y la consecuente agudización del fenómeno de concentración.
- Clasificación del servicio de televisión por cable en la categoría de las telecomunicaciones: esto genera una privación del derecho de acceso a ciertas señales y contenidos por parte de las audiencias (EL PÚBLICO YA NO PODRÁ ELEGIR SUS CONSUMOS AUDIOVISUALES CON LA MISMA LIBERTAD QUE LO HA HECHO HASTA AHORA, SINO QUE DEBERÁ LIMITARSE A ELEGIR ALGO DEL MENÚ QUE SU CABLEOPERADOR LE PRESENTE)
- Prórroga automática de todas las licencias con posibilidad de renovación a 5 e incluso 10 años: esto genera la privación del derecho de acceso al espectro radioeléctrico en tanto recurso público por parte de ciertos grupos sociales (UNA PORCIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ DISCRIMINADA EN FUNCIÓN DE LA DESIGUALDAD EN LAS REGLAS DEL JUEGO, Y NO PODRÁ ACCEDER A LAS LICENCIAS QUE ANTES ERAN ABIERTAS Y POR CONCURSO)
- Exención de obligación de interconexión a los principales operadores de telecomunicaciones: esto promueve el abuso de posición dominante en redes esenciales para el acceso a la información (FIN DEL ESTÁNDAR CONOCIDO COMO MUST-CARRY, QUE ACERCABA A LAS AUDIENCIAS CONTENIDOS QUE EL SECTOR PRIVADO NO ESTARÍA DISPUESTO A INCLUIR EN SUS GRILLAS DE PROGRAMACIÓN POR FALTA DE RENTABILIDAD)
Se vinculó también la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) —nuevo ente regulador tras la intervención de la AFSCA— a un proceso de plena gubernamentalización de las políticas comunicacionales, que se aleja del ideario republicano y que conjuga peligrosamente la discrecionalidad del mercado con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Por último, en una jugada de diestra anticipación, Becerra se encargó de dejar en claro que la audiencia no había sido solicitada para juzgar las intenciones o promesas del actual gobierno, ni para condenar los errores del anterior (con el que este expositor ha sido muy crítico en todo momento), sino para marcar los aspectos más negativos de la política dispuesta recientemente por el Ejecutivo, a través de una medida que fue adoptada a tan sólo 19 días del inicio de sus funciones.
La concentración excesiva de la palabra es la antítesis misma de la democracia (Martín Becerra)
2º ORADOR: DAMIÁN LORETI (Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, abogado por la Universidad de Buenos Aires, docente universitario, secretario de la comisión directiva del CELS y vicepresidente de AMARC)
Damián Loreti es uno de los referentes más importantes del país en materia de derecho a la información, y es titular de la materia homónima en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Su aporte fue de carácter más bien técnico y se enfocó en la incompatibilidad de las nuevas regulaciones con los estándares del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. A este respecto, señaló tres estándares que fueron violentados por la norma impulsada en los decretos del Poder Ejecutivo.
- Despojo de la autarquía de dos leyes importantes en materia comunicacional: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital
- Violación del estándar de deber de transmisión para los cableoperadores (también conocido como sistema must-carry)
- Vulneración de los principios de legalidad
3º ORADOR: DANIEL BADENES (Director de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de Quilmes, periodista, escritor y docente universitario)
Daniel Badenes es un prestigioso referente dentro del mundo universitario, y fue convocado por esta delegación para dar cuenta del impacto que registran los decretos de Macri específicamente sobre el sector universitario. Como representante de REDCOM —organización que nuclea a 26 carreras de Comunicación Social y Periodismo de todo el país— Badenes se refirió con firmeza a la intervención de la AFSCA, y dejó en claro que no se trató sólo del desplazamiento de su ex director (Martín Sabatella) sino que también significó la remoción de la totalidad del directorio, entre los cuales figuraba por ley un prestigioso académico como representante del sector universitario. Conforme a su perspectiva, este fue uno de los avances más importante de la LSCA en su aporte para la apertura a una mayor pluralidad de voces, pero la actual normativa no lo contempla y deja sin voz a todas las universidades nacionales y a sus respectivas emisoras.
4º ORADOR: NÉSTOR BUSSO (Ex presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y actual presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias)
Néstor Busso llevó a la audiencia de la CIDH la voz de las radios comunitarias, las radios cooperativas y los pueblos originarios. Él aludió puntualmente al largo proceso que antecedió a la sanción de la LSCA en el marco del debate durante 2009, y señaló que “fueron necesarios 26 años para cambiar la ley de la dictadura por una ley de la democracia”, un escenario que el presidente Mauricio “Macri modifica sustancialmente por decreto”. Busso dejó establecido también que la activa participación en la elaboración de la ley y en los sucesivos debates y reclamos para su correcta aplicación, ha sido hoy clausurada. Fondos de fomento paralizados, recorte de puestos de trabajo en diversos proyectos, obstaculización para el ingreso de los medios sin fines de lucro en la competencia, numerosos trámites de concurso demorados o pendientes de resolución, son algunas de las características que según Busso pintan un panorama lamentable en el sistema de medios argentino.
La declaración conjunta de relatores de libertad de expresión de 2014 sobre la universalidad y el derecho a la libertad de expresión, recomienda a los Estados crear un marco jurídico para medios de comunicación comunitaria. Ese marco jurídico existía en Argentina, y hoy se desconoce y vulnera en una clara regresión (Néstor Busso)
5º ORADORA: ANA JARAMILLO (Doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y rectora de la Universidad Nacional de Lanús)
Ana Jaramillo se ocupó de definir y ubicar desde sus funciones a la mismísima CIDH, identificándola como “el organismo encargado de monitorear que los Estados respeten y den cumplimiento a los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana”. En el último minuto que les quedaba de exposición, Jaramillo detalló las razones por las cuales esta delegación de peticionarios demandó a la Comisión una audiencia pública. “Frente a las violaciones graves al derecho a la comunicación ya señaladas, los peticionarios reclamamos a la Comisión que intervenga y solicite al Estado argentino las medidas que impidan la consolidación de las regresiones, que evite nuevas vulneraciones y cumpla con los principios de protección de la libertad de expresión”, sostuvo. Entre algunos de los reclamos más importantes, se mencionó: pluralismo, diversidad, no concentración, autonomía de los entes reguladores y reconocimiento de los tres sectores de la comunicación audiovisual (público, comercial, sin fines de lucro), reparaciones a lo ya vulnerado, aceptación de asesoramiento técnico, transparencia y representación sectorial en la elaboración de las normas.
Los seis expositores de la delegación de los peticionarios fueron concisos, contundentes y demostraron un gran poder de síntesis en el despliegue de sus argumentos que, pese a la poca disponibilidad de tiempo, no perdieron potencia en la dinámica de esta audiencia. A continuación, intervino Cavallaro para otorgar la palabra al “ilustre Estado argentino”, tal como se ocupó de resaltar, concediéndoles “23 minutos y un cachito más” conforme a la duración de la exposición de los peticionarios, a quienes el mismo Cavallaro les había sugerido redondear en 20 minutos.
José Arcuri (embajador argentino ante la OEA) fue quien encabezó la delegación del Estado, y dedicó los primeros minutos a una presentación formal y detallada de cada uno de sus miembros, pese a que ya habían sido presentados ampliamente por Cavallaro. El licenciado Claudio Avruj (secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación), Miguel de Godoy (presidente del Ente Nacional de Comunicaciones), el doctor Santiago Cantón (secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y ex relator de la CIDH para la Relatoría de Libertad de Expresión), Eduardo Bertoni (director nacional de Protección de Datos Personales y ex relator de la CIDH para la Relatoría de Libertad de Expresión) y Silvana Giudici (directora del Ente Nacional de Comunicaciones y ex presidente de la Comisión de la Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados).
Las intervenciones de los delegados del Estado argentino fueron redundantes y de escasa densidad argumental. Se habló del “camino moderno y superador” que está emprendiendo el gobierno de Mauricio Macri en materia comunicacional, de la “restitución de la libertad de expresión” en Argentina y del “regreso a un Estado de derecho”. La exposición estuvo centrada en la caracterización de la gestión anterior —un tema que no era precisamente el eje de esta audiencia— y se esquivó sin demasiada destreza el panorama actual del país a partir de las nuevas normativas. Se habló de la “grave situación del periodismo en la Argentina” durante el período kirchnerista, de “periodistas hostigados y encarcelados” y de las “restricciones a la libertad de expresión”, componiendo un cuadro crítico difícil de corroborar en los hechos.
Para fundamentar esos argumentos se recurrió a la enumeración de un puñado de casos particulares entre los cuales se mencionaron los casquillos de bala sobre la garita de seguridad del edificio de Jorge Lanata, el hackeo a su computadora, la salida del país del periodista Damián Pachter a causa de la muerte del fiscal Nisman, las agresiones al auto de Nicolás Wiñazki, la campaña sistemática contra el diario Clarín y el acto traumático de “despedazar una página” del matutino en manos del entonces Jefe de Gabinete (Jorge Capitanich) durante una de sus conferencias de prensa. También se hizo mención del presunto abuso de la cadena nacional por parte de Cristina Fernández de Kirchner y de la distribución arbitraria de la pauta oficial.
Como contrapartida, los delegados destinaron varios minutos a ensalzar la gestión de Maurcio Macri, apelando al uso escueto de las cadenas nacionales, a la supuesta apertura de espacios para conferencias de prensa y entrevistas con la investidura presidencial, y al proyecto de ley de acceso a la información pública enviado reciente (y quizás estratégicamente) por el Ejecutivo. Bertoni se encargó de justificar la necesidad y urgencia de los decretos del gobierno, y la adecuación de estas reformas a los estándares internacionales. La actuación de Miguel de Godoy fue sin dudas la más pobre, y se limitó a exponer frases dignas de un discurso de autoayuda enlazadas por el latiguillo “no cabe duda, señor presidente”, dirigidas obsesivamente sólo a Cavallaro.
Respecto de la participación y el pluralismo, a las autoridades anteriores las sacaron con la policía antes de firmar el decreto (Horacio Verbitsky)
Luego de la exposición de los miembros del Estado argentino, se pronunciaron algunos de los integrantes de la CIDH, y hacia el final se abrió un breve espacio de debate donde Verbitsky expresó de forma contundente: “Yo lamento que la delegación del Estado argentino haya perdido sus preciosos minutos en hablar del pasado y no contestar una sola de nuestras observaciones sobre el tremendo daño que está causando esta legislación transitoria”. El titular del CELS señaló que “se ha hablado de un gobierno que ya no existe y se han hecho descargos de tipo político totalmente respetables pero impertinentes”. Cavallaro intervino rogándole a Verbitsky que cerrara su comentario, y expresó sus intenciones de deseo para “que todo se arregle”, en línea con la exposición de los representantes de Macri.
En el breve contrapunto entre ambas delegaciones, Verbitsky dejó claro que aún tenía bastantes argumentos bajo la manga de su saco cuadrillé, mientras que Godoy prefirió «ceder la palabra» (en consonancia con el spot de propaganda oficial repetido incansablemente por la pantalla de la TV Pública).
En esos últimos minutos, la delegación del Estado argentino quedó demasiado expuesta en su flaqueza argumental, y sólo pudo ser socorrida gracias a la prisa de Cavallaro por cerrar la sesión. Con acto fallido incluido por parte de Godoy —quien confundió la AFSCA con el ENACOM— el macrismo tuvo una actuación que estuvo al borde del papelón internacional. Durante ese fragmento del debate, Osvaldo Francés (en nombre de las pequeñas y medianas empresas de comunicación) y Oscar Nocetti (en representación de las cooperativas) también tuvieron algunos minutos para sentar su posición y detallar el impacto de las medidas macristas sobre sus respectivos sectores. La intervención de Nocetti fue el punto más sensible de la exposición, porque interpeló directamente a los comisionarios para que intervengan en esta encrucijada y puedan hacer un aporte que apunte a resolver la difícil situación en la que se encuentran las cooperativas.
Nosotros las cooperativas estamos en mucho riesgo. Cientos de cooperativas y miles de ciudadanos depositan la confianza en ustedes (Oscar Nocetti)
El saldo de esta audiencia pública puede calificarse como alentador si se considera este espacio como una instancia de diálogo, debate e intercambio de ideas, y una buena oportunidad para dar a conocer la situación actual de Argentina en materia comunicacional frente a una organización de prestigio internacional como la OEA. Sin embargo, por momentos, las partes parecían estar discutiendo temas diferentes: la delegación de peticionarios solicitó esta instancia para discutir algunas cuestiones acerca del impacto negativo que tuvo el decreto 267/15 sobre ciertos sectores sociales e institucionales que configuran el mapa de medios; mientras que los miembros de la delegación del Estado sólo se limitaron a marcar los desatinos de la anterior gestión sin refutar ni una sola de las críticas formuladas por los peticionarios. Hubo por parte de estos representantes muchas expresiones de deseo, pero ninguna propuesta concreta para resolver un problema que se agudizó gracias a la nueva política comunicacional dispuesta por el Poder Ejecutivo: la concentración de medios. Este fenómeno trae aparejado no sólo la reducción de pluralismo y diversidad de voces, sino también una fuerte precarización laboral y gran cantidad de despidos en el sector periodístico.
Los miembros de la CIDH mostraron opiniones divididas, con algunas posiciones más neutrales y otras claramente cercanas a la gestión macrista (tal como la del relator Edison Lanza, quien visitó el país pocos días después de la asunción de Macri). El diálogo vacío no conducirá a ningún sitio, mucho menos cuando la carencia de argumentos por parte de quienes hoy están en el poder resulta tan ostensible. Actualmente son ellos los únicos que poseen los recursos —no es claro si la intención— de resolver un problema serio que, hasta el 29 de diciembre de 2015 (fecha en que Mauricio Macri firmó el decreto 267/15), no existía.
Repercusiones en la sala
El evento fue seguido con gran tensión y expectativa en el auditorio del anexo de la Cámara. Muchos de los presentes no pudieron contener su indignación frente a algunas de las exposiciones de la delegación macrista, y acompañaron la transmisión con tímidas réplicas al inicio y estrepitosos abucheos hacia el final, a modo de respuesta diferida. “Mentirosos”, “ladrones”, “no saben qué decir”, “siguen hablando de Cristina”, son frases que se oyeron con mayor o menor intensidad en el recinto. Además, hubo acalorados aplausos para las actuaciones de la delegación de los peticionarios, como así también para los diputados del FPV y los miembros de la CCD presentes en la sala, que expresaron sus posturas frente a los periodistas luego de la audiencia. Esos descargos tímidos o efusivos, revelan que no será tan fácil para el nuevo gobierno desterrar derechos conquistados tras largos años de debate y activa participación por parte del conjunto de la ciudadanía.
