En un nuevo aniversario por la última dictadura cívico-militar que implicó graves violaciones a los derechos humanos, atacando todo lo que se etiquetaba bajo la categoría de «subversión», los juicios por los delitos avanzan en Argentina como un proceso histórico y sin retorno. En este proceso, si bien ya se ha logrado la condena a 622 represores, aún quedan muchas causas abiertas y, fundamentalmente, avanzar en la investigación sobre las complicidades civiles con el gobierno de facto. ¿En qué estado se encuentra en la actualidad este proceso de justicia excepcional a nivel mundial?
A 40 años de la última dictadura cívico-militar, el proceso efectivo de memoria, verdad y justicia requiere necesariamente del juzgamiento por los crímenes de lesa humanidad cometidos. Frente a la persecución, tortura, muerte y/o desaparición de una gran parte de la población argentina, el olvido es imposible, y éste se combate con justicia sobre lo sucedido, desterrando ideas nefastas que plantean la idea de una «guerra sucia» durante los años ’70.
Frente a la persecución, tortura, muerte y/o desaparición de una gran parte de la población argentina, el olvido es imposible, y éste se combate con justicia sobre lo sucedido.
A partir de 1983, con la restauración de la democracia y durante el gobierno de Raúl Alfonsín, comenzó a generarse un proceso de defensa de los derechos humanos y juzgamiento por las violaciones cometidas con el denominado Juicio a las Juntas Militares. Sin embargo, éste se vio opacado por la sanción de la ley de Punto Final, que establecía la caducidad de la acción penal contra los imputados que no hubieran sido llamados a declarar hasta un corto plazo tiempo, y la ley de Obediencia Debida, que convertía en no punibles los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de Coronel. De igual forma, este retroceso se profundizó en 1989, con los indultos de Carlos Menem a militares y civiles que cometieron delitos durante la dictadura, con la excusa de que ya era “tiempo de reconciliación”. Palabra nefasta para todos los defensores y miembros de los organismos de derechos humanos.
Foto: Archivo Hasenberg-Quaretti
No obstante, según señala el CELS: «Durante el período 1983-1987, se celebraron dos juicios por delitos de lesa humanidad: el juicio a las Juntas y el juicio a la cúpula de la policía bonaerense, con un total de 17 imputados, de los cuales 11 fueron condenados y 6, absueltos. En el período posterior a las leyes de impunidad, entre 1988 y 2005, sólo continuaron vigentes las causas por el delito de apropiación de niñas y niños, que acumularon 23 nuevas condenas.»
Todas estas leyes de impunidad y perdón fueron anuladas el 21 de agosto de 2003 en el Congreso Nacional, durante el gobierno de Néstor Kirchner y por la lucha e impulso incansable de los organismos de derechos humanos. La primera sentencia posterior a esta anulación fue en el año 2006, a 30 años de la dictadura cívico-militar.
Los datos concretos
Hasta el 18 de marzo de 2016, de acuerdo a lo manifestado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la cantidad de personas acusadas por delitos de lesa humanidad son en total 2833. En este período, se dictaron 155 sentencias, en las que se condenó a 666 personas y se absolvió a 59. En la etapa de instrucción, se les dictó falta de mérito a 199 imputados y otros 60 fueron sobreseídos. Estos 318 que se suman entre los absueltos, sobreseídos y con falta de mérito para ser procesados, dan cuenta de que cada dos condenados hay uno contra quien los juicios no prosperaron.
La cantidad de personas acusadas por delitos de lesa humanidad son en total 2833. En este período, se dictaron 155 sentencias, en las que se condenó a 666 personas.
Sólo el 38% de las condenas pronunciadas implican la prisión perpetua. El 31,5%, recibió sentencias que van de 3 a 15 años de prisión y el 27% entre 15 y 25 años. El 3% fue condenado a penas de hasta tres años. De los 925 procesados actuales, 383 están en libertad y 542 en prisión preventiva. De estos últimos, 224 tienen prisión domiciliaria. Además hay 48 prófugos, de los cuales uno tenía condena al momento de fugarse. Apenas hay 318 detenidos en unidades penales.
No se pasa por alto ni la edad ni los problemas de salud a la hora de disponer del lugar de arresto, por eso, uno de cada tres condenados se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria. Si bien muchos imputados han muerto bajo proceso -entre ellos, 5 personas condenadas- lo mismo ocurre con las víctimas y familiares, en todos los casos por la edad avanzada, por lo que no se trata de un ensañamiento particular con este grupo de acusados. Estos datos son importantes para rebatir aquellas visiones que quieren instalar que este es un proceso de venganza y que no se enmarca dentro de los parámetros de la legalidad.
344 son el total de civiles acusados de delitos de lesa humanidad. En estos se agrupan: abogados, escribanos, periodistas, sacerdotes, empresarios, médicos, apropiadores de bebés, funcionarios del Poder Judicial o el Ejecutivo y personal civil de inteligencia.
Dentro del total de juzgados, según el informe de la Procuraduría, 344 son el total de civiles acusados de delitos de lesa humanidad. En estos se agrupan: abogados, escribanos, periodistas, sacerdotes, empresarios, médicos, apropiadores de bebés, funcionarios del Poder Judicial o el Ejecutivo y personal civil de inteligencia.
Actualmente, 54 funcionarios judiciales están siendo investigados, de los cuales más de la mitad fueron jueces durante la dictadura, y sólo el 2% de ellos ha sido condenado. Más de la mitad de los imputados están procesados mientras que el 34% se encuentra bajo las primeras medidas de investigación.
Respecto a los empresarios, existen 19 imputados, de los cuales sólo dos se encuentran condenados. De igual forma, Marcos Levín, propietario de la empresa de transporte La Veloz del Norte, se encuentra en juicio (N. del E.: fue condenado a 12 años de prisión el 28 de marzo de 2016). Los procesados suman 9 y en 5 casos se resolvió la falta de mérito o el sobreseimiento.
Juzgamiento histórico
Estos juicios son un proceso histórico en la Argentina, en la región latinoamericana y a nivel mundial. A través de los testimonios, alegatos, pruebas de familiares de víctimas y desaparecidos, de testigos y de sobrevivientes, este proceso de juzgamiento por los crímenes de lesa humanidad tiene lugar a lo largo de todo el país, con el fin de investigar causas referidas a los planes de secuestro y desaparición de personas, a las apropiaciones de vidas y bienes y a los espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.
Escrache a Astiz, año 2000 – Foto: Hijos
Las audiencias de los juicios son orales y públicas, lo que implica que los testimonios ante el juez son de forma oral y que todas las personas tienen derecho a acceder a la sala de audiencias, incluso los medios de comunicación. En este sentido, es importante formar parte de este proceso histórico para fortalecerlo, valorizarlo y defenderlo ante cualquier ataque, y para vivenciar de otra forma la relación con el plan sistemático de genocidio ocurrido en el país.
Luego de años de lucha por parte de los organismos de derechos humanos, que se tradujeron en políticas por parte del Estado, los testimonios sobre lo que sucedió en cada centro clandestino de detención, es un inmenso aporte para la reconstrucción de la historia reciente, para conocer lo que sucedió y para que no se repita el terrorismo de Estado.
Luego de años de lucha por parte de los organismos de derechos humanos que se tradujeron en políticas por parte del Estado, los testimonios sobre lo que sucedió en cada centro clandestino de detención, son un inmenso aporte para la reconstrucción de la historia reciente, para conocer lo que sucedió y para que no se repita el terrorismo de Estado. Ese terrorismo que dejó más 30.000 detenidos-desaparecidos, miles de presos políticos, asesinados y exiliados. Además, es fundamental para seguir profundizando el proceso democrático, investigar y condenar las responsabilidades civiles que acompañaron un proceso de horror y muerte. Sólo así, se puede lograr un verdadero proceso de memoria, verdad y justicia.
