La semana pasada comenzó en el Tribunal Oral N° 5 de San Justo, el juicio oral contra cinco agentes de la Policía Bonaerense por el asesinato de Gabriel Alejandro Blanco, un joven de 21 años que apareció ahorcado con un cable en una comisaría de Isidro Casanova en 2007, luego de haber sido hostigado y amenazado durante meses por agentes de la fuerza. Otro de los tantos casos de violencia institucional que se multiplican en todo el país, pero que pocas veces tienen difusión o resolución.
Gabriel vivía junto a su esposa y su hija de dos años en el barrio La Borgward de Isidro Casanova, partido de La Matanza, donde trabajaba como vendedor ambulante. Como muchos otros jóvenes de los sectores más vulnerables de la sociedad, era perseguido por agentes de la policía y amenazado para que “trabajara para ellos” en zonas liberadas, con armas aportadas por la propia institución. Gabriel se negó, lo que dio lugar a un hostigamiento que lo atormentó durante más de un año, hasta el 1 de marzo de 2007, cuando fue detenido violentamente en la casa de la hermana a las cinco de la tarde, acusado por un robo que nunca se comprobó.
Como muchos otros jóvenes de los sectores más vulnerables de la sociedad, Gabriel era perseguido por agentes de la policía y amenazado para que “trabajara para ellos” en zonas liberadas, con armas aportadas por la propia institución.
A las nueve de la noche, Gabriel apareció ahorcado con un cable en una celda de la Comisaría 2da de San Carlos. Horas más tarde, fue trasladado ya sin vida al Hospital Paroissien. Los efectivos dijeron que se había suicidado, pero ante los signos visibles de agresión, la familia pidió una segunda autopsia realizada por la Gendarmería y la Policía Criminal, que registró que el cuerpo tenía varias fracturas y traumatismos, productos de una brutal golpiza que el joven sufrió antes de morir. En contradicción con la versión oficial, los peritos determinaron también que el cable con el que supuestamente se había colgado, no soportaba más de 50 kilos, cuando Gabriel pesaba más de 80 y que además, “una persona alterada (como el discurso policial sostiene que estaba Blanco) no podía pasar el cable por donde lo ató para colgarse”.
Fuente: andaragencia.org
Los cinco policías acusados siguieron en actividad hasta el 23 de febrero de 2013, cuando tres de ellos fueron encarcelados bajo prisión preventiva, imputados por el delito de “torturas seguidas de muerte”. Las apelaciones fueron rechazadas por la cámara hasta que el 22 de diciembre de 2015, se concedió la prisión domiciliaria. Pero además y a pesar de que todas las pruebas e informes se realizaron en el marco de la ley, el Tribunal declaró la nulidad de las pericias realizadas por la Gendarmería, que permitieron imputar a los acusados en primer lugar, negando la posibilidad de la reconstrucción del crimen. Esto fue cuestionado por la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza , que ha acompañado y asesorado a la familia de Gabriel durante todo el proceso y que ha denunciado la parcialidad del Tribunal en el caso.
Pibe más, pibe menos
El asesinato de Gabriel Blanco es sólo uno de los centenares de casos de violencia institucional que se reproducen constantemente. Uno de los más emblemáticos de los últimos años fue el de Luciano Arruga, un joven de 16 años desaparecido en 2009 en Lomas del Mirador, secuestrado y desaparecido por la policía porque también se negaba a robar en las zonas liberadas de La Matanza. Su cuerpo fue encontrado recién cinco años más tarde, enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Fue necesaria media década de reclamos constantes, de movilización de los familiares y de acompañamiento de organizaciones populares en contra de la indiferencia y la desidia de un sistema que olvida a los más pobres demasiado rápido.
Uno de los más emblemáticos de los últimos años fue el de Luciano Arruga, un joven de 16 años desaparecido en 2009 en Lomas del Mirador, secuestrado y desaparecido por la policía porque también se negaba a robar en las zonas liberadas de La Matanza. Su cuerpo fue encontrado recién cinco años más tarde, enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Para ello, fue necesaria media década de reclamos constantes, la movilización de los familiares y el acompañamiento de organizaciones populares en contra de la indiferencia y la desidia de un sistema que olvida a los más pobres demasiado rápido.
De acuerdo al Archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal en Democracia, llevado adelante por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), se registran más de 4 mil casos ocurridos a lo largo del país, desde el regreso de la democracia en 1983 hasta la actualidad. En el 2015 se contabilizaron 227 asesinatos, de los cuales 111 se produjeron en la provincia de Buenos Aires. Las estadísticas dan cuenta de una práctica generalizada que no queda encerrada en algunos casos aislados, sino que se ha extendido en los barrios populares como método de disciplinamiento y estigmatización.
La violencia institucional, que tiene su cara más visible en la muerte de jóvenes de sectores vulnerables, se teje a partir de una serie de complicidades políticas y se perpetúa sobre la base de relaciones asimétricas de poder que se aprovechan de voces que no son escuchadas, mucho menos difundidas, y que no pueden defenderse, porque sus denuncias no tienen demasiado eco cuando la pobreza es criminalizada.
