Ayer, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional en contra de los despidos masivos y los ajustes llevados a cabo por el Gobierno de Mauricio Macri. La medida fue apoyada, además, por la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y la CTA Autónoma (CTAA), así como por organismos de derechos humanos y otras entidades políticas, sociales y civiles que sumaron sus reclamos por unas paritarias sin techo salarial y en rechazo a la criminalización de la protesta social aplicada por el protocolo antipiquete impulsado por Patricia Bullrich.
En menos de tres meses de gobierno, la política sistemática de despidos llevada a cabo por los representantes de Cambiemos dejó a más de 21 mil trabajadores sin trabajo, sumando a ésto la situación de incertidumbre laboral y de estigmatización social que vivieron –y todavía siguen viviendo– las personas que se encuentran en las llamadas “listas negras”.
En la misma dirección, hay que agregar la precariedad de los salarios frente a la brutal devaluación y la sanción de un nuevo protocolo antipiquete lanzado por Patricia Bullrich, ministra de seguridad nacional, como “solución” para garantizar el libre derecho a la circulación de los ciudadanos. Este protocolo no sólo restringe el derecho de protesta sino también la actuación de la prensa, ya que expresa que «la participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento”. Esto implicaría un enfoque sesgado –por no decir completamente direccionado y manipulado– de las coberturas periodísticas.
Estas fueron sólo algunas de las medidas llevadas a cabo por el nuevo gobierno en los primeros meses de su mandato. Frente a ésto, la movilización encabezada por la ATE reclamó, además, por un aumento de salarios que permita cubrir la suba de los precios y los tarifazos. Hugo Godoy, secretario general de la ATE, expresó frente a los convocados a la movilización:
«Nos despiden en los sectores de la Nación, nos despiden en los municipios y en las provincias; nos estigmatizan a los trabajadores públicos, quieren separar a los trabajadores del Estado del pueblo con el que trabajamos todos los días. Sentimos angustia cuando no podemos lograr incorporar a un compañero despedido y sentimos angustia cuando vemos que tenemos más de 300.000 trabajadores en municipios y en las provincias que cobran sueldos por debajo del salario mínimo vital y móvil».
La movilización fue multitudinaria y en el fondo de la protesta social se encuentran los pedidos por un Estado presente en la vida pública; que proteja a sus trabajadores y que no despida gente que va a trabajar, sino lo contrario: genere fuentes de trabajo; que no estigmatice ni caricaturice el trabajo en la gestión y la administración pública. Así, Godoy dejaba establecido que no aceptarían más medidas de ajuste y que, si no cambian las políticas públicas llevadas a cabo por los representantes de Cambiemos, podría convocarse a otro paro nacional en marzo.
«Queremos decirle al presidente Macri que no vamos a permitir ningún despido más en ningún organismo público. Decimos con claridad, también, a los gobernadores y a los intendentes, que esta demostración de capacidad de pelea, de unidad de todos los sectores, de solidaridad y organización se va a multiplicar en cada rincón de la Patria si no abren la paritaria, si no terminan con la precariedad laboral, si no logramos aumentos dignos y no logramos la reincorporación de todos los trabajadores despedidos».
¿Qué dicen los medios sobre ésto?
Mientras estos trabajadores, unidos al apoyo de asociaciones políticas, sociales y civiles, se movilizaban en reclamos de sus derechos, los medios de comunicación dominantes llevaron a cabo una miniaturización de la protesta y desviaron la atención hacia el protocolo antipiquetes y hacia el debate sobre la libre circulación de las personas sin mencionar, ni siquiera una vez, la situación de precariedad e incertidumbre laboral en la que se encuentran miles de trabajadores del Estado que fueron despedidos en los últimos meses.
El control en la calle pareciera ser “una preocupación de primer orden” para los medios de comunicación dominantes y para algunos sectores del gobierno y la ciudadanía, pero no así el derecho de las personas a tener un trabajo digno, fijo y estable, y de acceder a un salario que permita cubrir la suba de precios ocasionados por la devaluación. Tampoco pareciera importar mucho la estigmatización de estos medios que no se pararon a reflexionar a la hora de hacer circular los discursos dominantes sobre los trabajadores del Estado, sobre esos «ñoquis que no van a laburar” y engordaron las “listas negras” en donde alguien se animó a escribir los nombres de otros y contribuyeron a precarizar la situación laboral de miles de personas que ahora se encuentran en estado de incertidumbre, sin trabajo y sin salario frente a una amenazante devaluación.
El control en la calle pareciera ser “una preocupación de primer orden” para los medios de comunicación dominantes y para algunos sectores del gobierno y la ciudadanía, pero no así el derecho de las personas a tener un trabajo digno, fijo y estable, y acceder a un salario que permita cubrir la suba de precios ocasionados por la devaluación.
¿Cuál será la “solución” del gobierno cuando se empiecen a sentir las consecuencias de las medidas tomadas en los últimos meses? Si tomamos lo hecho en materia económica y laboral, no resultaría inverosimil que la solución se encuentre en un protocolo que prohíba el pensamiento crítico, que permita «terminar con el ‘curro’ de los derechos humanos», y que siga parchando las cicatrices para tapar la sangre de las heridas nacionales.
Fotos: Fran Rodríguez
