Muchos de los funcionarios que pasaron a formar parte del equipo de trabajo del PRO desde el pasado 10 diciembre dieron lugar a numerosas polémicas, ya que sus designaciones parecen responder a una experiencia más relacionada con el sector privado y empresario antes que al conocimiento que requieren los puestos ocupados. Uno de los casos fue el nombramiento de Diego Fernández, propietario de una cadena de restaurantes, elegido para encargarse de la urbanización de la villa 31, problemática severa que viene reclamando una solución efectiva desde hace años.
Fuente: Prensa Patria Grande
Diego Fernández se recibió en la Universidad Argentina de la Empresa y logró alcanzar escalones altos que le otorgaron una vasta experiencia en el campo empresarial. Actual propietario de la cadena Dashi-Sushi Bar Restó, fue también manager general de las heladerías Persicco y presidente y CEO de Azist Professional Support Services. Su curriculum deja relucir sus pasos en el ámbito privado, pero también habla de la falta de conocimiento y de contacto con la realidad frente a la que ahora se encuentra a cargo: el planeamiento urbano de la villa 31, problemática que viene de la mano con el grave déficit habitacional de la Ciudad de Buenos Aires.
Las vueltas de la ley
Los debates que giran alrededor de las condiciones de vida de los vecinos de las villa no son nuevos. Luego de numerosas discusiones, el 3 de diciembre de 2009, fue sancionada por unanimidad La Ley 3343 de Urbanización del Polígono Villas 31 y 31 bis, que implicó la realización de un censo y la creación de una Mesa de Gestión y Planeamiento conformada por funcionarios de los gobiernos porteño y nacional, delegados de la villa, organismos propietarios de los predios de la zona e integrantes del sector académico, cuyo trabajo permitió la elaboración de un plan de urbanización y radicación definitiva a efectuarse antes de mayo de 2011, para lograr la apertura de calles, la instalación de servicios de agua, luz y gas y la construcción de escuelas.
De este modo, se creó a partir de un proceso participativo un proyecto que contó con la ayuda de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y del Instituto de Espacialidad Humana de la Facultad de Aquitectura, Diseño y Urbanismos de la Universidad de Buenos Aires, sometido a votación y a una posterior discusión que ya lleva cinco años. El proyecto aún no ha sido tratado en el recinto de sesiones para su aprobación y su puesta en práctica, puesto que los representantes del PRO de la Comisión de Vivienda, que conforman la mayoría en la Legislatura porteña, se siguen negando a conceder su firma al dictamen, lo que lo llevó a perder estado parlamentario a fines del 2014, requiriendo una nueva presentación para reiniciar el debate. Una suerte de pasos burocráticos que retrasan un proyecto ya confeccionado hace tiempo y frente al cual no se ha presentado en ningún momento una contrapropuesta técnica.
El proyecto aún no ha sido tratado en el recinto de sesiones para su aprobación y su puesta en práctica, puesto que los representantes del PRO de la Comisión de Vivienda, que conforman la mayoría en la Legislatura porteña, se siguen negando a conceder su firma al dictamen, lo que lo llevó a perder estado parlamentario a fines del 2014, requiriendo una nueva presentación para reiniciar el debate.
Para sostener su negativa, los representantes del PRO han argumentado una y otra vez que antes de aprobar el plan de urbanización es necesario el traspaso de tierras del Gobierno Nacional al Gobierno porteño, lo cual sin embargo no es un obstáculo para que el dictamen pueda continuar el largo camino parlamentario que aún le queda por delante en la Legislatura Porteña luego de pasar por la Comisión de Vivienda y antes de hacer realidad las propuestas técnicas llevadas adelante después de años de trabajo. Los funcionarios que se niegan a firmar aducen también que se están realizando trabajos que en realidad son inversiones aisladas que, si bien han representado algunas mejoras, no son parte de un plan integral que responda a criterios técnicos globales que contemplen la totalidad del terreno y solucionen los problemas habitacionales de la zona.
Para sostener su negativa, los representantes del PRO han argumentado una y otra vez que antes de aprobar el plan de urbanización es necesario el traspaso de tierras del Gobierno Nacional al Gobierno porteño, lo cual sin embargo no es un obstáculo para que el dictamen pueda continuar el largo camino parlamentario que aún le queda por delante en la Legislatura Porteña.
El futuro de las obras es además complicado si se tiene en cuenta la política que el Gobierno de la Ciudad ha mantenido en los últimos años respecto de la infraestructura habitacional para los sectores populares. De acuerdo a un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el presupuesto para el año 2016 destinado a vivienda representa el 2,7% del total, continuando un descenso sostenido que se ha producido en los últimos años. Por otro lado, el programa de planeamiento urbanístico de las villas del sur de la Ciudad de Buenos Aires se ve disminuido casi un 32% respecto al 2015.
“Tierras apetitosas”
Los propietarios de las tierras de las villas 31 y 31 bis son la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, la Operadora Ferroviaria y la Administración General de Puertos dependientes del Estado Nacional. La transferencia de la zona de Retiro al Gobierno porteño es un tema en discusión desde hace ya varios años y que ha generado polémica en el 2013 cuando la entonces diputada y actual vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, afirmó el valor de la zona calificando los territorios como “apetitosos” para el mercado inmobiliario, que podría comprar los lugares a los habitantes de las villas una vez que estos sean dueños de las escrituras como resultado del eventual traspaso de las tierras. Según Michetti, mientras que la gente podría, con el dinero de la venta, comprar casas en otros lugares de la ciudad, las villas se integrarían al puerto o crearían “barrios para la clase media”.
La transferencia de la zona de Retiro al Gobierno porteño es un tema en discusión desde hace ya varios años y que ha generado polémica en el 2013 cuando la entonces diputada y actual vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, afirmó el valor de la zona calificando los territorios como “apetitosos” para el mercado inmobiliario, que podría comprar los lugares a los habitantes de las villas una vez que estos sean dueños de las escrituras como resultado del eventual traspaso de las tierras.
Dos años después y ante el inminente reclamo del traspaso de tierras antes de llevar adelante un proyecto de urbanización factible y concreto, parecen quedar latentes los intereses de dejar librada la zona a los intereses del capital privado, priorizando una solución de mercado que beneficiaría a las grandes corporaciones y que conduciría consecuentemente a objetivos contrarios a la radicación definitiva que originalmente la ley 3343 suponía. El traslado a otras zonas de la ciudad implicaría enfrentarse además a otras problemáticas, no sólo al déficit de vivienda, sino también a un mercado inmobiliario que exige garantías que muchos de los habitantes de las villas no poseen, lo cual es actualmente aprovechado por negocios ilegales que ofrecen alquileres a precios irrisorios. Esta red informal, de la que los vecinos son rehenes y víctimas, es también una presión contraria al proyecto de urbanización.
En este contexto complejo cruzado por burocracia, disputas políticas, negocios ilegítimos y un crecimiento demográfico que ha implosionado en los últimos años, cabe preguntarse por la experiencia y las aptitudes de Fernández para enfrentar una problemática que no ha podido pasar de los papeles a la realidad y por la profundización de una tendencia a dejar libradas las políticas públicas a las soluciones de mercado y a la regulación del sector privado en detrimento del acompañamiento y la asistencia social de los ciudadanos.
Foto de portada: lapoliticaonline.com
