La semana pasada, el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) otorgó reconocimiento a 150 emisoras de radio sin fines de lucro en todo el país y aprobó la adjudicación de licencias por concurso público para el funcionamiento de los primeros canales comunitarios de baja potencia de Televisión Digital Terrestre (TDT). Las medidas representan un avance considerable en el camino hacia la legalización y la defensa de los medios alternativos y populares y en la democratización de las voces al interior del sistema mediático en pleno contexto político donde la aplicación integral de la Ley de Medios corre graves riesgos de no concretarse.
A seis años de sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la reunión del AFSCA permitió materializar una lucha que los medios comunitarios comenzaron hace años y que aún sigue vigente para defender sus derechos y reclamar la plena aplicación de la normativa. Canales que funcionan desde hace ya algunos años como Barricada TV y Urbana TV de la Ciudad de Buenos Aires y Pares TV de Luján obtuvieron finalmente sus licencias como resultado de la presentación a concurso que dichas organizaciones habían llevado adelante oportunamente.
A seis años de sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la reunión del AFSCA permitió materializar una lucha que los medios comunitarios comenzaron hace años y que aún sigue vigente para defender sus derechos y reclamar la plena aplicación de la normativa.
A su vez, se aprobó el reconocimiento del carácter comunitario de 150 emisoras de radio sin fines de lucro, como La Tribu y Bajo Flores, que tendrán un puntaje preferencial en ocasión de los tan esperados concursos públicos de licencias en el espectro correspondiente por ley al sector. Por otro lado, para fomentar la financiación de medios de frontera, de pueblos originarios y comunitarios, se dispuso una partida del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) por $40 millones.
La resolución del AFSCA se llevó a cabo gracias a un pedido de la Defensoría del Público, motivado particularmente por el caso de la radio La Ranchada, de la provincia de Córdoba, la primera emisora que logró que la Corte Suprema declarara hace diez años la inconstitucionalidad del artículo 45 de La Ley de Radiodifusión de la última dictadura cívico-militar, que impedía a las organizaciones sin fines de lucro obtener licencias de medios audiovisuales. Esta medida representó un antecedente importante para que varias radios comunitarias obtuvieran reconocimientos provisorios hasta tanto se convocaran concursos para la adjudicación de sus licencias.
Fuente: Barricada TV
La Ley de Medios
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se aprobó el 10 de octubre de 2009. Fue el resultado de un largo camino que comenzó con el denominado manifiesto de los 21 puntos básicos para el derecho a la comunicación, elaborado por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, espacio de construcción popular que nuclea organizaciones sociales, sindicatos, universidades y movimientos de derechos humanos. La iniciativa sirvió de base para elaborar un proyecto de ley que fue consensuado públicamente en 24 foros participativos alrededor del país, a los que se sumaron más de 1300 propuestas recibidas en la página web de lo que en ese entonces era el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER).
Desde la sanción de la ley, gran parte del debate público estuvo concentrado en un foco en particular: la adecuación que los grupos económicos deberían llevar adelante para responder a los requerimientos de la normativa y permitir así una desagregación en el hiper-concentrado mapa mediático que diera lugar a una pluralidad informativa. La discusión alrededor del Grupo Clarín y la difusión de la idea de que la ley había sido aparentemente creada para atentar contra la existencia de dicha empresa, opacaron, en muchas ocasiones, los significativos avances legales que la normativa supone en materia de libertad de expresión y en particular en lo relativo a la comunicación alternativa.
La discusión alrededor del Grupo Clarín y la difusión de la idea de que la ley había sido aparentemente creada para atentar contra la existencia de dicha empresa, opacaron, en muchas ocasiones, los significativos avances legales que la normativa supone en materia de libertad de expresión y en particular en lo relativo a la comunicación alternativa.
A partir de la Ley SCA se reservó el 33% del espectro radioeléctrico para entidades sin fines de lucro, para nombrar sólo una de las tantas modificaciones hechas a la Ley 22.285 sancionada durante la última dictadura cívico-militar. Esto implica que los medios comunitarios y populares tienen la oportunidad de acceder a un lugar en el ámbito mediático, dominado por entidades de mayor poder político y económico, frente a las que se encuentra en desventaja, promoviendo de esta forma una forma de comunicación participativa, crítica, transformadora de la realidad, lejos de las consecuencias de la mercantilización de la información.
Los obstáculos
Los problemas a resolver son, sin embargo, numerosos. Aún no se ha desarrollado un plan técnico a nivel nacional, es decir un registro de las frecuencias y operadores de radio y televisión que permita establecer la cantidad de medios que pueden transmitir en una misma área, para poder así llegar a un concurso y licitar frecuencias. Esto evitaría las interferencias que se producen en ciertas zonas caracterizadas como conflictivas debido a la sobreabundancia de medios, que son mucho más de lo que el espectro radioeléctrico puede albergar. En este sentido, la resolución del AFSCA es esencial en tanto representa la legalización de emisoras en las regiones más problemáticas. Sin embargo, este es un proceso dificultoso, que conduce a enfrentamientos con operadores existentes y que hasta tanto no se defina, retrasa la posibilidad de concretar el prometido 33% y hace que la mayoría de los concursos vigentes se lleven a cabo en localidades de baja densidad demográfica.
Los problemas a resolver son, sin embargo, numerosos. Aún no se ha desarrollado un plan técnico a nivel nacional, es decir un registro de las frecuencias y operadores de radio y televisión que permita establecer la cantidad de medios que pueden transmitir en una misma área, para poder así llegar a un concurso y licitar frecuencias
Por último, la asunción de un gobierno que prometió «derogar la Ley de Medios» y creó en la Ciudad de Buenos Aires un decreto paradójico para defender la «libertad de expresión» ante la aplicación de dicha normativa, le suma al actual panorama lleno de obstáculos, uno que parece bastante difícil de sortear.
Aún queda mucho por recorrer para que los actores que se encuentran por fuera del ámbito mercantil salgan del rincón marginal del espectro radioeléctrico. El basamento normativo que la Ley SCA proporcionó es fundamental pero requiere de un esfuerzo para llevar adelante las demandas del sector comunitario, alternativo y popular que busca tener igualdad de condiciones frente a otras entidades lucrativas, para ejercer un derecho humano esencial como es la comunicación.
(Foto de portada: voces.org.sv)
Fuentes
