Son muchos los casos de violencia policial que no culminaron con la vuelta a la democracia en 1983. La persistencia de la represión continuó luego de la dictadura, hasta en forma más consensuada por toda la sociedad, porque en general sólo fue dirigida a los pibes jóvenes y pobres, sin mencionar que la mayoría de los casos son invisibilizados o tergiversados hasta convertir a la propia víctima en victimario. En este contexto, si en estas tres décadas de democracia continua, los casos de personas asesinadas por la represión estatal ascienden a más de 4000, ¿qué se puede esperar de un nuevo ciclo político que afirmó su tolerancia cero a los piquetes y a la protesta social?
Números y muertes que atraviesan los 32 años de democracia
Durante todos los gobiernos que sucedieron a la última dictadura cívico-militar, la represión fue política de Estado. Personas asesinadas por gatillo fácil, represión en marchas, asesinato en cárceles, comisarías e instituciones de encierro, se suceden sin mucha difusión ni congoja general de la sociedad. Los medios como grandes artífices de la opinión pública son uno de los actores que ejercen el mayor ocultamiento sobre el tema, cuando no lo tergiversan. El Estado es el otro actor, con la institución policial a la cabeza, entre otras fuerzas represivas.
Durante todos los gobiernos que sucedieron a la última dictadura cívico-militar, la represión fue política de Estado.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó el 19° Informe Anual de la Situación Represiva en Argentina en la Plaza de Mayo el pasado jueves 26 de noviembre. Allí, dejando en claro la continuidad de esta política represiva que se mantiene como política de Estado sin claras distinciones de gobierno, sea el partido que sea, se realizó un repaso cronológico de la situación de estos 32 años de democracia, que arroja como número final -y escalofriante- 4644 personas muertas por gatillo fácil y tortura en lugares de detención, 70 asesinados en la represión a movilizaciones populares y 200 desaparecidos en democracia. En su mayoría, jóvenes pobres.
Sin embargo, es necesario mencionar que durante los 12 años del ciclo del gobierno kirchnerista, se contabilizaron 3.070 casos de violencia institucional, represiva y policial a lo largo de todo el país. Las provincias de Santa Fé, Tierra del Fuego, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires son, en este mismo orden, en las que se mantiene el mayor índice de personas asesinadas por al aparato represivo del Estado.
4644 personas muertas por gatillo fácil y tortura en lugares de detención, 70 asesinados en la represión a movilizaciones populares y 200 desaparecidos en democracia. En su mayoría, jóvenes pobres.
En ese mismo sentido, la alarma se enciende aún más fuerte: es difícil creer que esta curva ascendente de casos y noticias vaya a frenarse en un futuro cercano.
Las políticas de seguridad del nuevo gobierno de Mauricio Macri
Esta represión que funciona como condición necesaria de un Estado capitalista y se alimenta de estas mismas fuerzas de seguridad que no se apaciguaron con la vuelta a la democracia sino que se acomodaron a las nuevas necesidades, y las decisiones en materias de seguridad del gobierno entrante arrojan más certezas de continuidad y recrudecimiento que esperanzas de un cambio real frente a esta preocupante situación.
Si el eje va a seguir siendo el refuerzo en la cantidad de personas uniformadas que invaden las calles de todo el país y garantizan la represión a los sectores vulnerables, la batalla va a seguir dominada por los sectores más acomodados de la sociedad.
Principalmente la elección de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad no permite alejarse de esta hipótesis: son recordadas las diferentes medidas que tomó al ser responsable del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social, las responsabilidades en su paso en diferentes cargos y, además, siendo participe de la crisis en las cárceles durante el año 1999 en su rol en la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. De la misma forma se puede indagar en Eugenio Burzaco, un personaje por demás controversial, elegido para ser Secretario de Seguridad de la Nación.
En este sentido, la discusión debería estar puesta en qué concepto de seguridad es el que se prioriza, qué es lo que implica y a quién es que se defiende. Si el eje va a seguir siendo el refuerzo en la cantidad de personas uniformadas -como también el candidato Daniel Scioli proclamaba- que invaden las calles de todo el país y garantizan la represión a los sectores vulnerables, la batalla va a seguir dominada por los sectores más acomodados de la sociedad.
De igual forma, la campaña del frente Cambiemos se centró en que una de las primeras políticas de gobierno iba a ser la lucha contra el narcotráfico definida como la principal amenaza a la seguridad de los argentinos. Estas declaraciones permiten recordar el proceso que se llevó adelante en México y que ya lleva más de 100.000 asesinatos (Leer nota: Derechos Humanos en México: la naturalización de la violencia).
Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar de un nuevo ciclo político que, en materia de represión, afirmó su tolerancia cero a los piquetes y a la protesta social pero, en cambio, sí se mostró dispuesto a seguir engrosando la cantidad en número de las personas que conforman a las fuerzas de seguridad?
La resistencia es de nosotros, la represión es ajena
En este panorama, entonces, la situación represiva es probable que no se acabe, sino que se acreciente de forma exabrupta. La concentración de distintas fuerzas denominadas de seguridad en manos de una sola expresión política, con el control de la totalidad de las fuerzas federales, la Policía Metropolitana, más las policías de la provincia de Buenos Aires y su Servicio Penitenciario, entre otras, pueden dar cuenta de este nuevo período de violencia institucional que se abre.
La situación represiva es probable que no se acabe, sino que se acreciente de forma exabrupta. La concentración de distintas fuerzas de seguridad en manos de una sola expresión política pueden dar cuenta de este nuevo período de violencia institucional que se abre.
Respecto a este nuevo escenario, la integrante de CORREPI, María del Carmen Verdú, finalizó la presentación del informe de la organización apuntando a la coordinación y unidad entre los distintos movimientos populares: “Sería criminal que en este contexto político no nos unamos para la resistencia que ya no es fundamental ni necesaria, sino indispensable”, enfatizó.
Los números en democracia también afirman este horizonte, en los gobiernos que se sucedieron en los casi 32 años de la historia argentina la represión formó parte de la vida institucional del Estado Nacional. En un gobierno que se autoproclama democrático y republicano, este accionar no va a ser menor. Lo fundamental de la lucha es comprender que estas muertes por represión, no son inocentes, sino que son un crimen de Estado.
