76 horas distribuidas en 119 emisiones de discursos en Cadena Nacional desde que asumió la presidencia Cristina Fernández de Kirchner. Cada vez que se inicia la transmisión, comienza paralelamente en las redes sociales una serie de discursos enfrentados que no intentan escucharse: de un lado, quienes la consideran una demostración excesiva de poder y del otro, quienes opinan que es la única forma de que los anuncios del Gobierno lleguen a los medios opositores. ¿Qué tiene para decir la ley al respecto?
Todos conocemos la situación. En los parlantes de la radio y la televisión sorpresivamente empieza a sonar una frase fácilmente reconocible. “Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7 junto a todas las emisoras…”. Al instante comienza una catarata de reproches en las redes sociales, acompañados de fotos y memes que ya se han vuelto virales decenas de veces. Hablan en nombre de la libertad y en contra de la censura, a favor del derecho de elegir qué ver y qué escuchar.
Pocos segundos después, comienza el feroz ¿intercambio? de opiniones. Los defensores de la Cadena Nacional también hablan a favor de la libertad y en contra de la censura. Dicen, gritan, tipean en mayúsculas que si no existiera la Cadena Nacional los medios hegemónicos nunca publicarían la información que se quiere transmitir y por lo tanto nadie se enteraría de lo que realmente pasa. Que cómo pueden no darse cuenta. Si la presidente habla en Cadena, es noticia. Si no, pasa como un hecho más.
Dejando gustos, ideas partidarias o simpatías de lado, es interesante remitirse a aquel artículo 75 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual citado en la previa de todos los discursos. La famosa Ley de Medios, a la que se apela apasionadamente para criticar (con mucha razón) la concentración mediática del Grupo Clarín o la falta de democracia en los medios, parece no tener tanto valor cuando se refiere a la utilización de la Cadena Nacional. El texto de la ley establece que puede apelarse a este recurso únicamente “en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”. La cuestión parece residir entonces en determinar cuáles son los temas de trascendencia institucional y cuáles son los que no merecen ese título.
Los medios opositores avivan el fuego de la polémica al darle igual nivel de importancia al mensaje trasmitido y al hecho de que se hace a través de la Cadena Nacional. Durante su última emisión, Clarín tituló Cadena 22 del año de Cristina: «Algunos se hacen los otarios y otros creen que nosotros somos los otarios», Infobae presentó un muy similar Cadena nacional nº22: para la Presidente, «la gente cambió la damajuana por el vino premium» y La Nación arranca su bajada diciendo En la 22º cadena nacional del año, la Presidenta encabezó un acto en Mendoza… Ya desde la formulación misma de estas notas se ve una clara apelación a resaltar la cantidad de emisiones de la cadena nacional antes que al contenido propio que el gobierno quiere comunicar, predisponiendo a los lectores a ver el hecho con una óptica particular.
La discusión sobre la utilización de la cadena nacional entró con fuerza en la agenda de los medios luego de que Gerardo Milman, el director por la oposición de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), denunciara ante la Defensoría del Público el «abuso sistemático» de esta forma de comunicación gubernamental. Según sus declaraciones en el programa del periodista Nelson Castro, la denuncia se debe a que la cadena nacional se utiliza para «denunciar o escrachar a distintas personas» y que constituye un fraude porque se usa para hacer publicidad oficial, perjudicando «a las empresas de medios de comunicación, a los anunciantes (…) y al público». Además destacó que al utilizarse para promocionar el partido de gobierno, «instituye una situación de asimetría respecto del conjunto de fuerzas políticas», que no pueden hacer sus campañas con una llegada tan masiva.
Frente a las acusaciones de Milman, el director del AFSCA Martín Sabatella salió a defender la posición oficial sobre el tema planteando que «de acuerdo a la ley, la necesidad de usar la cadena nacional la determina quien está a cargo del Poder Ejecutivo, en este caso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner». Sobre la denuncia aclaró que «es un disparate absoluto pedir que se le exija a la presidenta que deje de informar al pueblo de temas trascendentes a través de un recurso comunicacional autorizado por ley», según publica Télam.
¿Es entonces sólo una cuestión de conceptos? ¿De relevancias y trascendencias? No debería serlo. Como ciudadanos debemos exigir el acceso a la información que necesitamos para tomar decisiones políticas, sean cotidianas o históricas. Esa información debe ser facilitada por el Estado y por los medios de comunicación social. Lamentablemente, es una realidad que la información que circula a través de la cadena nacional muchas veces es sesgada y utilizada para hacer propaganda del partido de gobierno. Y también la que se transmite en los medios de comunicación está filtrada por sus propias posiciones políticas. Horas y horas de cadena nacional obtienen como respuesta horas y horas de debate en los canales de televisión. Los ciudadanos, en el medio de la marea de datos y agravios, debemos hacer valer lo que verdaderamente importa: la información para poder elegir.
