Hoy, 8 de mayo, es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional y durante toda la tarde se llevará a cabo en el Congreso Nacional una jornada de reflexión, debate y promoción de políticas públicas, organizada por la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional promovida por el propio Estado argentino. Sin embargo, muchos son los cuestionamientos que surgen al provenir, justamente, del mismo Estado responsable del rol que ocupan las fuerzas de seguridad.
El Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional fue promulgado en el año 2012, en recuerdo a la denominada «Masacre de Ingeniero Budge» en la que tres jóvenes fueron asesinados por efectivos policiales en 1987. Este caso –si bien no fue el primero– generó una importante movilización de la sociedad en pedido de justicia. De esta forma, el hecho de que exista esta fecha, permite hacer público el tema e ingresarlo en la agenda de debate de muchos espacios educativos del país con el fin de mostrar una realidad, muchas veces, oculta.
Detrás de la frase “violencia institucional” se siguen acumulando día a día las víctimas del accionar violento de las fuerzas de seguridad, que suelen marcar con más fuerza su bota en los sectores más vulnerables a través de prácticas ejercidas de manera discriminatoria.
Detrás de la frase “violencia institucional” se siguen acumulando día a día las víctimas del accionar violento de las fuerzas de seguridad, que suelen marcar con más fuerza su bota en los sectores más vulnerables, a través de prácticas ejercidas de manera discriminatoria: abusos que van desde detenciones arbitrarias hasta muertes por gatillo fácil. Esta forma de violencia permite mantener -de forma invisible- la desigualdad existente, privilegiando los derechos de algunas personas por sobre otras. Al poner todo esto en el centro de la escena se comprende que no se trata de hechos aislados de un solo policía sino que involucra a toda la institución: hay que dejar de creer que la persecución, tortura y desaparición son algo del pasado, ya que dentro de todo el aparato represivo estatal aún persisten estructuras de la última dictadura militar.
En este sentido, la jornada que tendrá lugar en el Congreso Nacional -el III Encuentro Federal de Seguridad Democrática y Popular- permite ampliar el debate y la mirada al respecto, logrando reflexionar sobre la necesidad de un abordaje responsable e integral desde la mayor pluralidad de voces de diversos actores sociales. La intención es persistir en la insistencia de que los derechos humanos deben ser respetados para todos los sectores de la sociedad, y por ello el mismo se encuentra bajo el lema: “Mi cara, mi ropa y mi barrio no son delito”, reflejando el pensamiento diferente –y selectivo– de las fuerzas de seguridad.
Lo importante a destacar, más allá de los datos de la jornada, es que la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional propuesta por el estado tiene muchos cuestionamientos por parte de organizaciones que luchan y son referentes contra la aparato represivo desde hace muchos años, como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Estas controversias se deben específicamente a que estas prácticas muchas veces silenciadas (ver nota: Violencia institucional, gatillo fácil y represión: las historias que no ves) provienen del mismo estado que es responsable de la institución policial y, al mismo tiempo, plantea campañas que niegan su relación con esta.
En este sentido, la CORREPI expone en su sitio web: “Los que están en el poder, (…) intentan culpar a su aparato represivo de las muertes de miles de pibes y pibas a lo largo del país, diciendo que la policía se autogobierna. (…) La ‘formación’ policial represiva está a cargo de las instituciones que dependen del poder ejecutivo”. A su vez, aclara: “Si es institucional, no es violencia: Es represión estatal”.
Es fundamental ahondar más en esto: son más de 4380 los muertos en manos de la policía y más de 200 desaparecidos en democracia, desde 1983 hasta la actualidad. Desde este lado, es inevitable el rechazo. La Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional embiste contra el rol de las fuerzas policiales y responsabilizan al propio sistema de seguridad, pero se quedan atrás al no unir los claros vínculos que hay con el poder político.
Es fundamental ahondar más en esto: son más de 4380 los muertos en manos de la policía y más de 200 desaparecidos en democracia, desde 1983 hasta la actualidad. Desde este lado, es inevitable el rechazo. La Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional embiste contra el rol de las fuerzas policiales y responsabilizan al propio sistema de seguridad, pero se quedan atrás al no unir los claros vínculos que hay con el poder político.
Hasta el momento, hay dos posiciones opuestas pero que en algún punto buscan trabajar para resolver una realidad latente. El problema es quedarnos sólo en eso, es decir, en una mirada crítica que genera una división que no permite ver los grises. En algún punto, la mejor opción es que surjan de todos los espacios posibles aquellos que se levanten contra estos tipos de abusos y reflejen una problemática que continúa siendo disimulada en los grandes medios y en los debates que se construyen como los más trascendentes de la vida social.
La mejor opción es que surjan de todos los espacios posibles aquellos que se levanten contra estos tipos de abusos y reflejen una problemática que continúa siendo disimulada en los grandes medios y en los debates que se construyen como los más trascendentes de la vida social.
Mostrar algo velado e invisible por muchas partes, obviamente que también –y sobre todo– por la política, puede ser lo más significativo de estas posiciones. Por eso la idea de ver ciertos quiebres dentro de la estructura estatal puede resultar beneficioso, debido a que permiten surgir campañas que son útiles –más allá de todos las críticas que pueden generar– para comunicar una realidad que es cotidiana en muchos sectores de la sociedad, y que en muchos otros ni siquiera se les da importancia –por desconocimiento o por simple falta de interés en los ‘otros’. Por esta razón, la visibilidad de la problemática es clave. Puede llegar a ser hipócrita, pero aun así, siempre es mejor sumar la mayor cantidad de partes que manifiesten este tipo de violencia, sobre las que la encubren.
Es necesario por un lado, acompañar fechas importantes como las del día de hoy pero también, por otro, realizar un seguimiento al trabajo, las prácticas y las actividades que se realizan en pos de encontrar soluciones, es decir, conocer el día a día de la Campaña y también de la CORREPI y las organizaciones que trabajan desde hace muchos años por visibilizar una sociedad que sigue incluyendo a unos, y excluyendo –persiguiendo, torturando, desapareciendo y asesinando– a otros.
