El próximo 18 de febrero, cuando se cumpla un mes de la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman, se llevará a cabo la autodenominada “Marcha del silencio”. La movilización que comenzará en el Congreso, incluirá la Unidad Fiscal Amia y terminará en Plaza de Mayo fue convocada por un grupo de fiscales de dudosa reputación y enfrentados con el oficialismo. Varios referentes de la oposición anunciaron su presencia “sin querer hacer política”. Detalles de una marcha polémica y el perfil de sus involucrados, a continuación. (Fotografías realizadas por: M.A.F.I.A)
Los convocantes y adherentes
El viernes 6 de febrero en las escalinatas de Comodoro Py, los fiscales Guillermo Marijuan, Ricardo Sáenz, Carlos Stornelli y José María Campagnoli, junto al titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato, convocaron a la denominada “Marcha del silencio”, que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero. La modalidad del silencio se explicó de la siguiente manera: “que ese silencio signifique la paz que necesitamos como sociedad y que necesitan los investigadores para encontrar la verdad”. El apoyo de los medios concentrados de comunicación y los referentes de la oposición, obviamente, no se hizo esperar. Así, una marcha conmemorativa para la figura de Alberto Nisman va tomando colores de acto político.
Varios pre-candidatos presidenciales anunciaron que estarán presentes: Sergio Massa (el mismo que quiso ser querellante en la causa por la muerte del fiscal y cuyo pedido fue declinado porque no se entendía en calidad de qué se presentaba), Elisa Carrio, Mauricio Macri, Hermes Binner, Ernesto Sanz, entre otros. Todos coincidieron en que es importante “no hacer política”, pero al mismo tiempo llaman “al grueso de la ciudadanía” a salir a manifestarse y a acompañar esta marcha. A esto hay que sumar las figuras de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, siempre presentes a la hora de las cámaras, y también la de la tristemente célebre Cecilia Pando, reconocida activista por la defensa de los represores y torturadores de la última dictadura cívico-militar.
Los partidos de izquierda, por su parte, en una decisión más acorde a su historia y dejando de lado -al menos momentáneamente- alianzas y apoyo a los sectores de la burocracia sindical de Moyano y Barrionuevo, afirmaron que no participarán de esta marcha. Nicolás Del Caño, diputado nacional por el PTS-FIT, indicó: “La marcha, presentada como ‘una marcha del silencio por Nisman’, está convocada por una fracción no menos reaccionaria de la casta judicial, con la adhesión de la oposición patronal, tan cómplice de los servicios, el espionaje y la impunidad como el Gobierno”. Christian Castillo, referente y legislador provincial en Buenos Aires por el PTS-FIT, afirmó: “Varios de los fiscales convocantes están acusados de encubridores en la causa AMIA”. Y agregó: “Se sumaron Mauricio Macri, procesado por escuchas telefónicas de la mano de Ciro James a su cuñado y a familiares de la AMIA, mientras su protegido, el ‘Fino’ Palacios, va a juicio justamente por el encubrimiento del atentado que produjo ochenta y cinco víctimas. Sergio Massa, quien tiene como jefe de campaña a un reconocido agente de la ex-SIDE como Juan José Álvarez, uno de los responsables políticos del asesinato de Kosteki y Santillán el 26 de junio de 2002. La inefable Carrió, una empleada de la embajada norteamericana, y hasta el gobernador De la Sota, el jefe de la narcopolicía de Córdoba”.
Foto tomada por M.A.F.I.A (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs) en la marcha del día 18 de enero en Plaza de Mayo.
Fiscalizar a los fiscales
Ahora bien, ¿quiénes son los que convocan a esta marcha? Ricardo Sáenz es vicepresidente de la Asociación de Magistrados que preside el camarista Ricardo Recondo, reconocida abiertamente opositora al kirchnerismo. Tanto Sáenz como Recondo fueron denunciados por realizar “forum shopping” (ejercer algún tipo de maniobra para elegir un juzgado con el que la parte actora, es decir, la denunciante, se siente más cómoda). Además, participaron de viajes y programas financiados por la fundación Certal, vinculada al Grupo Clarín. Lo curioso es que Sáenz es el superior de Viviana Fein, la fiscal de la causa que intenta esclarecer la muerte del fiscal Nisman y subordinado de la Procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Es decir, el jefe de Fein hace una marcha para reclamar justicia en la causa que investiga su subordinada, agregándole -aún más- presiones políticas y mediáticas al caso. Otro dato de color es que Sáenz en el año 2003 se pronunció por la “constitucionalidad” y “validez” de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
La figura del polémico José María Campagnoli como alguien que reclama justicia es peculiar. Campagnoli estuvo envuelto en denuncias de investigación irregular a la familia Kirchner en la causa que investiga a Lázaro Baez, lo que le costó estar al borde de ser destituido por mal desempeño el año pasado. A eso hay que sumarle que todavía hoy tiene en su contra denuncias por violencia institucional y abuso de poder, donde, entre otras cosas, se lo acusa de armar álbumes ilegales de fotos de vecinos del Barrio Mitre, en Saavedra, con los que se inducía a identificaciones en cualquier caso de robo o arrebato.
Por su parte, Carlos Stornelli es un hombre cercano al PRO de Mauricio Macri. Se lo acusa de poseer vínculos cercanos con un sector de la barra brava de Boca, club donde además, y paradójicamente, actúa como jefe de Seguridad. En 2013 imputó a Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios por el denominado “cepo al dólar” y la imposibilidad de conseguir libremente la moneda estadounidense, causa que finalmente no prosperó.
Guillermo Marijuan, otro de los referentes de esta marcha, fue desplazado durante el mes de diciembre de su cargo al frente de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), organismo encargado de asistir y colaborar con los fiscales federales de todo el país en todas aquellas investigaciones relacionadas con ilícitos que tengan como sujeto pasivo entre otros a la Anses. El desplazamiento estuvo vinculado a la realización de “concursos no transparentes” dentro de su sección y a la reiterada negativa por explicar ante la Procuración General de la Nación el rumbo de los expedientes de la Unidad. Además, Marijuan está vinculado al Frente Renovador de Sergio Massa, donde se comenta que si ese partido gana las presidenciales, sería electo Procurador General de la Nación (actual puesto de Gils Carbó). Es importante aclarar que Marijuán tiene a su cargo la causa por lavado de dinero del JP Morgan, que involucra a altos empresarios y ex funcionarios argentinos. La causa data del 2008 y no ha avanzado en casi ningún punto, corriendo el serio riesgo de prescribir.
Por último, otros dos fiscales que propician esta marcha como Raúl Plee y Gerardo Moldes fueron acusados en el 2003 por no impulsar y continuar la investigación en tramos decisivos para la Causa AMIA, la misma causa que investigaba el fiscal Nisman, propiciando así el enfriamiento de la misma y favoreciendo a quienes estaban acusados de encubrimiento y mal desempeño por esa época, como el ex juez Juan José Galeano.
Foto tomada por M.A.F.I.A (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs) en la marcha del día 18 de enero en Plaza de Mayo.
De cara al #18F
Planteado así el panorama, el Gobierno Nacional deberá sortear un duro acto político -aunque no sea presentado como tal- en su contra, quizás producto de su falta de velocidad para manejar el sismo que generó la muerte del fiscal Nisman. Un accionar que incluyó declaraciones y actitudes equívocas, tales como la tardía aparición de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para hablar de lo sucedido, justamente cuando el fiscal iba a denunciarla a ella.
El oficialismo tendrá el desafío de reordenar y tranquilizar las turbulentas aguas que se agitaron desde este caso, además de demostrar su inocencia ante las cataratas de denuncias y dichos en su contra -algunos con más fundamentos que otros-, para recuperar la confianza que pudo haber perdido tras este confuso episodio.
También hay que reconocer que, una vez dada a luz la denuncia del fallecido fiscal, ésta era cuanto menos floja e inconsistente. Muy pocas pruebas, por no decir ninguna, avalaban la denuncia de Nisman, por lo que no es extraño que al fiscal le hubieran soltado la mano los días previos a su presentación. Por último, los últimos informes y pericias realizadas acercan la hipótesis del suicidio (inducido o no) como la más fuerte, ya que la herida de bala “es compatible con una lesión autoinfligida”, según asegura el último informe, que reafirma los resultados de la autopsia que indicó que “no hubo participación de terceras personas”.
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