El pasado 26 de Septiembre, en México, se dio lugar a la masacre de Ayotzinapa, perteneciente al estado de Guerrero, donde 6 estudiantes fueron asesinados y otros 43 estudiantes continúan desaparecidos mientras realizaban una protesta por el cierre de las escuelas normales rurales. La complicidad política y el narcotráfico puestos en el ojo de la tormenta ante un inusitado silencio oficial y mundial frente a prácticas dignas de las peores dictaduras que el continente supo atravesar.
Breve historia de la masacre
A las nueve y media de la noche del 26 de septiembre pasado, un grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa que ingresaba en un bus a Iguala fue tiroteado impunemente por la policía. El ataque alevoso a los alumnos suscitó la protesta de sus compañeros. Entrada ya la madrugada una nueva manifestación exigía sanciones para los uniformados que cometieron la agresión. Sin embargo, los mismos policías locales, acompañados por desconocidos, dispararon ráfagas de metralleta contra los manifestantes.
Testigos del ataque afirman que la fuerza represora estaba acompañada por integrantes de la organización criminal “Guerreros Unidos”. Este grupo es una de las pequeñas asociaciones criminales surgidas del debilitamiento de los grandes cárteles que están conquistando el territorio entre la población con secuestros y extorsiones, y está señalada de ser quienes propiciaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes mexicanos luego de ser entregados por los mismos policías.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien se acusa de ser el autor intelectual de este aberrante hecho, huyo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda. Ambos fueron capturados el 4 de noviembre en Ciudad de México, donde se habían escondido. “Ya no aguantaba esconderme”, dijo el ex alcalde de acuerdo con las declaraciones difundidas por medios mexicanos. Según las autoridades, el matrimonio Abarca-Pineda no opuso resistencia durante la detención. Por su parte, el por entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero tuvo que renunciar a su cargo. Pero la cadena de responsabilidades no detiene ahí, ya que también ha puesto en jaque al presidente Peña Nieto, cuyo gobierno en estos momentos tambalea por su notoria incapacidad para controlar las organizaciones criminales y la falta de interés mostrada en la búsqueda de los normalistas desaparecidos.
La situación se vuelve aún más grave tras el hallazgo de 10 fosas comunes clandestinas que elevan hasta el día de hoy el número de 38 cadáveres sin identificar, práctica que sin duda lleva a las dictaduras más sanguinarias que supo albergar el continente. Los cuerpos aún no han sido analizados completamente, pero se sospecha que no corresponden a los 43 estudiantes desaparecidos.
¿Qué son las escuelas normales rurales mexicanas?
Las escuelas normales rurales fueron originalmente planteadas como Escuelas Rurales Regionales o Centrales Agrícolas, formando parte del principal proyecto de reforma educativa propiciado por los gobiernos posrevolucionarios en México, cuyo principio sigue siendo la socialización de la educación en el ámbito rural mexicano así como propiciar la concientización y participación social de quienes se forman allí. Sosteniendo, a su vez, la defensa de la educación pública como un derecho popular y sobre todo como un derecho de los más pobres, empleando la educación como una herramienta fundamental para el entendimiento de la realidad social y la posibilidad de su transformación.
Estas escuelas cargan con una doble tradición: ser “la escuela para pobres” y tener una fuerte raíz combativa frente a quienes intentan cerrarlas y reducir, aún más, el presupuesto asignado para su funcionamiento. Así, deben enfrentar continuamente campañas mediáticas de los grandes grupos de comunicación, en clara relación a los diferentes gobiernos de turno.
El pedido de justicia hoy: el sufrimiento no se negocia
“La confianza no se pide, la confianza se gana”, le echaron en cara los padres de los 43 estudiantes desaparecidos al presidente Enrique Peña Nieto durante una reunión de más de cinco horas en la residencia oficial de Los Pinos, un equivalente a la Residencia de Olivos en Argentina. “El gobierno no se da cuenta de que el sufrimiento no se negocia y que las vidas humanas no tienen precio”, dijo Emiliano Navarrete, padre de uno de los normalistas desaparecidos.
“No confiamos en su gobierno, y si usted no se cree competente para dar resultados, que vengan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Felipe de la Cruz, otro de los padres. La fuerza de voluntad de este grupo de campesinos, víctimas de la desaparición de sus hijos, acorraló al presidente Peña Nieto, al que obligaron a volver dos horas después al salón donde se había reunido con ellos, junto con otros funcionarios, para poner por escrito y firmar un documento con los diez compromisos verbales que les habían hecho a lo largo del encuentro realizado
Por otra parte, miles de estudiantes, docentes y trabajadores reclaman justicia, en un paro universitario que lleva días. Con corte de calles y rutas, marchas y concentraciones, los reclamos empiezan a hacerse cotidianos ante la falta de respuesta oficial y el silencio por el que este caso esta siendo sepultado por los medios dominantes a lo largo del mundo.
Quizá sea momento de repetir a todo el continente algo que pensamos que ya había quedado claro: Nunca más.
