Se conoció la sentencia del proceso judicial que investiga los crímenes producidos mediante el Operativo Independencia, acción militar que tuvo lugar en 1975, 13 meses antes del comienzo de la dictadura cívico-militar y antesala del genocidio que ya comenzaba a exterminar a toda la militancia política. En la Megacausa que tuvo lugar en la provincia de Tucumán se juzgó a 17 genocidas por 266 víctimas, dentro de las cuales hay seis mujeres embarazadas. Por primera vez en Argentina, se juzgaron los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. (Foto de portada: Elena Nicolay)
La Megacausa Operativo Independencia reconstruyó el inició del plan sistemático de persecución y exterminio del genocidio. Uno de los procesos judiciales más largos que vivió la provincia de Tucumán en su historia reciente, llegó a su final con la condena. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán tras dar por terminado el debate oral y público, llegó al veredicto: seis condenas a perpetua, siete absoluciones y penas entre 4 y 18 años para el resto de los genocidas que fueron juzgados.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán tras dar por terminado el debate oral y público, llegó al veredicto: seis condenas a perpetua, siete absoluciones y penas entre 4 y 18 años para el resto de los genocidas que fueron juzgados.
El Ministerio Público Fiscal en los alegatos del histórico juicio de lesa humanidad había pedido diez condenas a perpetua y siete penas de entre 3 y 20 años de prisión, al considerar acreditada la intervención de los 17 acusados en diferentes hechos y probados 266 de los 271 casos que llegaron a juicio. También pidió al tribunal que haga cumplir las penas en la cárcel y que declare que «en la provincia de Tucumán, durante la implementación del Operativo Independencia, no existió un conflicto armado interno«, como se puede leer en el portal fiscales.gob.ar.
Las penas fueron más bajas de lo esperado, sobre todo, por la cantidad de absoluciones y también teniendo en cuenta que todos los condenados van a ir a prisión domiciliaria. Sin embargo, este juicio permitió reconstruir el contexto de la provincia en febrero de 1975, momento en el que el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón firma el Decreto Nº 261/75, con el cual se permitió al Ejército y la Fuerza Aérea Argentina «neutralizar y/o aniquilar» el accionar de los «elementos subversivos» en la provincia. En este sentido, se pudieron conocer las características de la represión que se llevó a cabo en Tucumán en 1975, cuando se comenzaron a utilizar los centros clandestinos de detención como lugares de tormentos y desaparición forzada de personas.
Pablo Camuña, fiscal a cargo de la acusación de los represores por el Ministerio Público Fiscal, señaló en Página/12 antes de conocer el veredicto: “Al margen del volumen inédito (del juicio), por cantidad de víctimas y testigos, lo más significativo es que se pudo conocer en profundidad lo que pasó antes del golpe de Estado de 1976 en Tucumán. Es un caso único en la Argentina, donde hubo una ocupación militar dentro del propio país, porque el ejército se instaló en el sur tucumano de la misma manera en que se ocupa una nación extranjera: censos, control territorial, intervención absoluta de la sociabilidad de cada uno de los pueblos, bases y centros clandestinos diseminados por todo Tucumán”.
Durante todo el proceso de la Megacausa, comenzado en mayo de 2016, se pudieron reconstruir las líneas centrales del primer capítulo masivo del plan sistemático de persecución y exterminio. El fiscal aseguró que «se confirma la hipótesis central del Operativo Independencia», es decir, con el juicio se pudo comprobar que este operativo fue el preludio al golpe de Estado, «que fue un escenario montado para posicionar a las Fuerzas Armadas como actor político central y que fue en sí mismo la primera experiencia de un estado clandestino en nuestro país«.
«Este juicio tiene un significado fundamental a la hora de pensar cómo desarmar la teoría de los dos demonios que ahora está en este intento de reflote perverso”.
Por su parte, María Coronel, coordinadora del Espacio para la Memoria Escuelita de Famaillá, ex centro clandestino de Tucumán, señaló en la radio La Imposible: “Este juicio es fundamental para nosotros y creemos que es fundamental para la historia de la provincia y del país”. A su vez, antes de la sentencia manifestó: «Me parece que este juicio tiene un significado fundamental a la hora de pensar cómo desarmar la teoría de los dos demonios que ahora está en este intento de reflote perverso”.
En la sentencia por la Megacausa Operativa Independencia se juzgó el accionar de 17 genocidas, solo 10 de ellos fueron condenados. Las víctimas de la represión fueron 266, quienes sufrieron todo tipo de delitos: violaciones, torturas, homicidios, secuestros, hostigamientos. Dentro de los casos analizados, hay seis mujeres que estaban embarazadas en el momento de su detención clandestina y hasta el día de hoy no se conoce el paradero de sus hijos. Desde la reapertura de los juicios de lesa humanidad en el país, es la primera vez que se juzgan los crímenes cometidos antes del 24 de marzo de 1976.
Los testimonios de más de 400 personas que se escucharon durante casi 16 meses dan cuenta de cómo se comenzó a implementar el aparato represivo y genocida para exterminar a la militancia política, dejando sin argumento las teorías de enfrentamiento, guerra interna o dos demonios que siempre se relacionaron a este Operativo. Quedó demostrado mediante las pruebas: el Operativo Independencia fue una prueba inicial del genocidio que se implementó como política de Estado a partir de marzo de 1976, con la dictadura cívico-militar.
Acá se juzga genocidas:
Roberto Heriberto Albornoz: prisión perpetua
Luis Armando De Cándido: prisión perpetua
Ricardo Oscar Sánchez: prisión perpetua
Manuel Rubén Vila: 10 años de prisión
Jorge Ernesto Cuestas: absuelto
Miguel Ángel Moreno: prisión perpetua
Ramón César Jodar: absuelto
Francisco Camilo Orce: absuelto
José Luís del Valle Figueroa: absuelto
Néstor Rubén Castelli: 18 años de prisión
Jorge Omar Lazarte: prisión perpetua
Pedro Adolfo López: 4 años de prisión
Alberto Alfredo Svendsen: absuelto
José Roberto Abba: absuelto
Jorge Gerónimo Capitán: 16 años de prisión
Enrique José del Pino: prisión perpetua
Omar Edgardo Parada: absuelto
